La reforma de la Ley de la Administración Local nos lleva a la exclusión social
La muerte de los Servicios Sociales dignos y la vuelta a la beneficencia, se está llevando acabo mediante la imposición por parte del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy de la reforma de la ley de la Administración Local.
La anunciada norma contempla retirar competencias en materia de Servicios Sociales de los Ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas y conocen con mayor profundidad las necesidades sociales de cada municipio para transferirlas a las autonomías. Autonomías que día tras día vienen reduciendo sus recursos destinados a Servicios Sociales, por lo que difícilmente en la situación económica actual, no van a hacer otra cosa más que seguir recortando servicios, puesto que las comunidades autónomas son las administraciones más endeudadas, siendo la Comunidad Valenciana la de mayor deuda con respecto al PIB.
Las consecuencias pueden ser muy graves, como también se advierte desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, puesto que con esta medida se puede producir el abandono de aquellas personas y familias que es estos momentos están más necesitadas por la crisis que estamos sufriendo, y que actualmente están sobreviviendo gracias al paraguas de los Ayuntamientos y, por supuesto, de las redes familiares, que son los dos pilares que están conteniendo una auténtica emergencia ciudadana que conocemos muy bien los que trabajamos en los Servicios Sociales Municipales.
Con la retirada que se anuncia de las competencias de ayuda a domicilio, servicio de apoyo a la familia, servicio de prevención e inserción social, centros de día, centros de convivencia, centros de protección a la mujer, centros de atención a la discapacidad, centros de de acogida de inmigrantes, etc, que en estos momentos el Gobierno Central considera “impropias de los Ayuntamientos”, sobrevuela sobre la ruptura de la cohesión social y la vuelta la la beneficencia.
La última versión de la Ley, con fecha 15 de julio, elimina la responsabilidad de la prestación de servicios sociales a los municipios, más allá de los estrechos márgenes de la “evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Básicamente, una ventanilla de derivación, aunque deja una puerta abierta a la delegación de las comunidades autónomas a los Ayuntamientos.
Lo que se propone desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es algo más sensato y en mi opinión a tener en cuenta, y es que los Ayuntamientos administren las competencias siguientes: “La prestación de servicios sociales dirigidos al conjunto de la población, mediante el desarrollo de las siguientes funciones: Prevención y análisis de necesidades sociales; información, valoración, diagnóstico, orientación y acompañamiento; cobertura de necesidades básicas y atención primaria inmediata en situaciones de urgencia, emergencia, o grave necesidad social; gestión de los servicios sociales de ayuda a domicilio, de apoyo a la unidad de convivencia, de promoción y animación comunitaria, y de alojamiento temporal de urgencia”.
Como ejemplo, en un municipio como Villena de 35.000 habitantes, de sus presupuestos municipales en el año 2012, el Ayuntamiento destino al servicio de ayuda a domicilio 202.612,65 euros, mientras que el Gobierno Valenciano aporta a la ciudad de Villena, por el mismo concepto 99.647,85 euros, menos del 50% de la cantidad total destinada al servicio. Por tanto, las familias atendidas en un futuro se reducirían a la mitad, siempre que no disminuya aún más la aportación del Gobierno Valenciano por el citado concepto. La misma regla podíamos aplicar a las ayudas de emergencia que se reducirían entre un 60 y un 70%, SEAFI, monitor de exclusión social, al que solo se le podrían pagar dos meses, y muchos de los programas anteriormente mencionados.
Para finalizar, si me gustaría conocer la opinión de la Consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, puesto que en definitiva, está previsto que su coselleria se convierta receptora de la reforma y, desde luego, por su experiencia por su paso por el Ayuntamiento de Alicante, como Concejala de Servicios Sociales.
