La rebaja del esfuerzo educativo en la pandemia
El pasado 30 de septiembre, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado un nuevo Decreto Ley sobre Educación. En uno de sus artículos más controvertidos se “rebajaba” sustancialmente los criterios para la titulación en Secundaria y Bachillerato obviando la limpieza en el expediente para la promoción de curso. Esta nueva medida va en consonancia con las líneas que en materia educativa ha impuesto el gobierno desde que llegó a la Moncloa: la laxitud y la desconsideración con el esfuerzo académico.
El proceso de aprendizaje humano debe basarse en la experiencia. Decía un gran filósofo como Aristóteles que “somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito”. En sus intervenciones, el polifacético filósofo griego, ahondaba en lo que es un hecho inequívoco que ha hecho prosperar a la humanidad en su proceso elemental de aprendizaje: la experimentación, el error y la superación del mismo a base de repetición y mejora. La exigencia, la cultura del esfuerzo, la satisfacción de utilizar las capacidades para alcanzar la meta no pueden desparecer sino más bien reforzarse. La no promoción no es un acto punitivo, es una nueva oportunidad de adquirir contenidos no asentados y un escalón necesario para asegurar un avance lineal hacia la meta.
Todas estas medidas que no pueden alejarse nunca de la educación, tienen que venir acompañadas de otras que implementen de una vez la calidad educativa en este país. El gran error pedagógico en nuestras escuelas está en seguir tratando a todos los alumnos por igual cuando somos personas intrínsecamente diferentes. En otros artículos he hecho referencia al ilustre pedagogo Víctor García-Hoz que decía que “la educación debe ser integral y personalizada” y para ello se necesitan medios, principalmente una ratio reducida y una adecuada formación del profesorado. Ahora nos encontramos con centros y aulas concebidos para un determinado número de alumnos que rebosan los espacios superando y mucho las ratios y lo que es más preocupante, carencia de recursos humanos ante el aumento exponencial de alumnos con necesidades educativas especiales y características que requieren atención individualizada. Hace mucho tiempo que los centros reclaman aumento de plantillas y más recursos ante la imposibilidad de ofrecer una atención mínima de calidad, unas bajas que tardan semanas en cubrirse, unos medios digitales muy primarios y unas plataformas de comunicación con el alumnado y las familias más eficientes. Por eso sonroja observar como ahora, a causa de la pandemia, se destinan, sólo en la Comunidad Valenciana, 207 millones de euros a la educación con una contratación de 4.500 profesores, un plan de digitalización de 33 millones y 29 mil tablets para los alumnos de los centros educativos valencianos. Y uno se pregunta: ¿hacen falta crisis sanitarias para invertir en educación? ¿Por qué antes no se aumentaron las plantillas y se invirtió tanto esfuerzo si ahora se puede hacer?
Hace muchos lustros que la Comunidad Educativa viene reclamando a nuestros políticos un gran pacto educativo nacional. Las casi decena de leyes educativas aprobadas en la democracia sólo han sido armas arrojadizas con trasfondo ideológico entre formaciones políticas. Nunca se ha conseguido configurar una mesa nacional por la educación compuesta por verdaderos profesionales que hagan una ley educativa definitiva. En esta materia, España necesita leyes estables, que trabajen las competencias, que contemplen la individualidad y que valoren el esfuerzo académico del alumnado. Sólo así mejoraremos la calidad educativa en nuestro país.
