No me puedo callar

Hace escasamente tres años se aprobó una de las Leyes más importantes que ha tenido este país en mucho tiempo, la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como “Ley de la Dependencia”. Tanto en sus procesos de gestación como durante los primeros pasos dados después de su promulgación, las esperanzas de un muy amplio colectivo de la población se han avivado, pero también la preocupación y la ansiedad porque avanzara correctamente en su aplicación.

Hoy, tres años después de la entrada en vigor de la que estaba llamada a ser el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, surgen informaciones sobre el interés de alguna Comunidad Autónoma de posponer la aplicación de la Ley argumentando motivos económicos. Si este planteamiento llegara a realizarse no sólo estaríamos ante un panorama de destrucción del Estado del Bienestar, sino que estaríamos asistiendo a un proceso de discriminación social en el que los protagonistas serían ciudadanos de primera, de segunda e, incluso, de tercera.

Nadie, absolutamente nadie elige ser dependiente; pero la realidad es que en estos momentos en España hay más de 2 millones de personas, de las que unas 800.000 sufren la enfermedad de Alzheimer y otras demencias que precisan de ayudas y apoyos para poder desarrollar una vida digna. Precisamente la Ley de la Dependencia se fraguó para dar respuesta a estas personas, independientemente de su lugar de residencia garantizando la igualdad y la equidad en el acceso a los recursos. Pero, ¿qué pasa si mi madre dependiente ha vivido toda su vida en una Comunidad Autónoma en la que sus dirigentes deciden suspender la aplicación de la Ley de la Dependencia argumentando motivos económicos? ¿Por qué no ha de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otra persona con las mismas condiciones de dependencia que, por suerte, habite en otra Comunidad Autónoma más seria?

Ante esta injusticia, no me puedo estar callado. La Ley de la Dependencia es una norma estatal de aplicación autonómica; las Comunidades Autónomas son también Estado, y su obligación es dar la cobertura suficiente y adecuada a sus ciudadanos, y, para ello, han de ser capaces de optimizar y racionalizar los recursos disponibles. Creo que no sirve de mucho argumentar motivos económicos para retrasar la implantación de la Ley de la Dependencia cuando, día tras día, somos testigos de ingentes dotaciones presupuestarias, que los gobiernos autonómicos dedican a otros asuntos más materiales, más vistosos y muchas veces superfluos, pero con una presumible mayor capacidad de atraer votos, que, seguramente podrían acometer de manera similar con una contención de la inversión.

No me quiero callar. Y quiero apoyar a todas las personas susceptibles de acogerse a los beneficios y recursos de la Ley de la Dependencia a que vean reconocidos sus derechos y satisfechas, en la medida de lo posible, sus necesidades para poder desarrollar sus vidas de la manera más digna posible, sin importar su sexo, edad, condición social o lugar de residencia, porque para mí, igual que para la inmensa mayoría de personas de bien, todas ellas son ciudadanos de primera, a pesar de que en algunos puntos de la geografía española sus dirigentes se empeñen en lo contrario.