Industrial, social y verde
La propuesta socialista para la próxima legislatura en la provincia de Alicante, que se debe incluir en el programa de gobierno autonómico del PSPV-PSOE, se concentra en lograr una provincia Industrial, Social y Verde. Todo ello desde una concepción donde lo público sea el motor de una sociedad más justa, sin que se convierta en un elemento que gripe lo privado. Keynes tiene espacio en nuestra Comunidad, no a pesar del agujero económico que ha dejado de herencia el PP en su paso por el Consell, sino debido a ello.
La política ha de ser la herramienta que haga a las personas más felices. Y las personas pierden la felicidad cuando entra el miedo a no ser dependientes económicamente, a carecer de servicios esenciales o a no disponer de elementos básicos como la energía o el agua. Nuestra intención es generar un modelo económico más eficiente y más social, porque sólo si hay ingresos y riqueza, ésta se puede redistribuir. El empleo y el desarrollo de nuestro potencial económico es la mejor política social. Las personas no quieren que se le ayude, quieren un puesto de trabajo, o un escenario estable donde desarrollar su empresa. Cubierta esta exigencia, nuestro modelo social podrá atender mejor a aquellas personas que necesitan ayuda, prestaciones especiales, programas concretos o asistencia a circunstancias muy personales.
Para todo ello, estamos convencidos de que la provincia, o es industrial, social y verde, o no será nada. Estos serán nuestros principios de gobierno para la próxima legislatura y sobre estas líneas trabajamos para hacer propuestas concretas en un marco donde la provincia de Alicante debe representar su papel en el conjunto de la Comunidad Valenciana, no como ocurre ahora.
Para que Alicante sea industrial, la administración debe aligerar la tramitación burocrática de manera real, simplificando los trámites. Un elemento esencial es la creación de un organismo público que asegure productos financieros y de crédito para las empresas, tanto de nueva creación o las ya existentes, especialmente tras la desaparición de la CAM. La provincia requiere de un plan específico para que nuestra industria, también la turística, cuente con las universidades como agente especializado en investigación y desarrollo. Una provincia que tiene que completar su mapa de parques industriales en cada una de las comarcas y el desarrollo de las zonas de actividades logísticas (ZAL) en relación al corredor mediterráneo tal y como estaba configurado y no en versión low cost como la planteada por el PP.
Nuestro desarrollo industrial requiere también de una nueva política medioambiental y de utilización de los recursos naturales. Ello incluye una protección del paisaje – a través de una mayor coordinación de los desarrollos urbanísticos municipales - , elemento de riqueza en la costa como en el interior. Especial atención prestamos al agua. Hay que aplicar ya un Plan de Vertido Cero en dos líneas: la mejora de la red de abastecimiento urbana de todos los municipios para optimizar el agua potable. Una inversión que genera per se puestos de trabajo y un ahorro en el consumo de niveles muy importantes; complementación del tratamiento terciario en las estaciones depuradoras que permita, con las actuaciones necesarias, reutilizar al máximo los recursos hídricos disponibles. Un planteamiento que no impide la puesta en marcha de la desalación y la defensa de los trasvases social, económico y medioambientalmente sostenibles. Un planteamiento de estas características potenciaría aún más nuestra agricultura, que requiere de una entidad que actúa a modo de banco de desarrollo agrario para financiar nuevos proyectos agroalimentarios y reducir la edad media de los trabajadores y profesionales del sector primario.
Se trata, en suma, de configurar un nuevo escenario de desarrollo económico que nos permita a la administración –a través de un sistema fiscal más justo para las familias como para las PYMES – disponer de ingresos que permitan financiar un sistema social ambicioso. Ello supondrá realizar cambios y reformas en el sistema público de atención social y servicios básicos, como la educación y la sanidad. Pero en el sentido de dar más participación a la ciudadanía y reconocer los derechos de los trabajadores públicos con el objetivo de tomar medidas que permitan optimizar los recursos. No para ahorrar, sino para llegar a más personas, en mejores condiciones y de manera más racional.
Un nuevo modelo con medidas concretas, con soluciones meditadas y con un desarrollo que cuente con el consenso y la participación de los agentes directamente implicados, pero en especial con apoyo de la ciudadanía. Un modelo para la provincia de Alicante que permita a la Comunidad Valenciana ser más grande, ser más justa y ser más comunidad para todos los valencianos.
