El fiasco de las televisiones del PP
Por una u otra razón los tribunales tenían que acabar decretando la nulidad de la adjudicación de licencias de la TDT que en 2006 concedió la Generalitat. En este caso, el Tribunal Supremo ha centrado su argumento en cuestiones formales referidas a una vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, hay decenas de argumentos con los que revocar aquella decisión.
En primer lugar, era evidente que con aquel proceso de adjudicación el PP pretendía dotarse, a través de la Generalitat, de una red de televisiones afines a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana, con algunas excepciones para disimular. La maniobra, sin embargo, salió mal, porque por lo general los adjudicatarios provenían de mundos ajenos al de la comunicación y la televisión, y en la mayoría de los casos ni siquiera llegaron a poner en funcionamiento los canales por falta de perspectivas de rentabilidad económica. Ello en sí supone otro motivo, si no de anulación del proceso, sí de revocación de licencias. El PP, en cambio, miró a otro lado.
Muchos de los adjudicatarios iniciales hicieron negocio vendiendo las licencias a empresas que sí tenían un interés real en aventurarse en el mundo de la comunicación, lo que significa que la Generalitat en la práctica regaló cientos de miles de euros a adjudicatarios que en realidad no tenían intención de poner en marcha ninguna televisión. Alguna de las transacciones llegó a cotizar por encima del medio millón de euros. La duda ahora es si la sentencia del TS anula también esas transacciones de licencias e invalida las licencias que empresarios de la comunicación compraron a los adjudicatarios originales.
Por otra parte, la adjudicación de licencias estaba ligada a una serie de condiciones que se incumplieron. Las pocas televisiones que se lanzaron a emitir, por ejemplo, no respetaron el porcentaje mínimo del treinta por ciento de emisión en valenciano estipulado en las bases. Otro motivo para revocar las licencias.
Lo peor, en cambio, es que el PP, tratando de repartir licencias entre amigos y empresas afines que fueron incapaces de poner en marcha las televisiones, ha privado a los valencianos de una oferta televisiva comarcal y autonómica que en teoría iba a proporcionar contenidos de calidad a la audiencia valenciana. Ello, sin embargo, no debe representar una preocupación para el PP. Lo ha demostrado en RTVV. No ha tenido ningún reparo en desmantelar la radio y la televisión pública con tal de haber disfrutado durante diecisiete años de un aparato de propaganda a su servicio sufragado por todos los valencianos, en el que ha colocado a centenares de personas afines, ha arrastrado los índices de audiencia a la nada, y ha distraído dinero público. Y ello ha ocurrido así porque para el PP no figura entre sus prioridades que los valencianos disfruten de una radiotelevisión pública propia, de calidad, y en valenciano. Ese engendro había que dejarlo morir, no sin antes exprimirlo al máximo en términos de manipulación, desprecio al sector audiovisual, y uso indebido de los recursos.