Estrategia de progreso y el Corredor Mediterráneo
El nuevo gobierno de España ha anunciado una estrategia de progreso sustentada en tres pilares fundamentales: progreso económico, progreso social y sostenibilidad ecológica. El progreso económico se apoya en la mejora de la productividad y la competitividad de la economía, la elevación de la capacidad innovadora y el cambio de modelo productivo. El progreso social pivota sobre la creación de empleo, mayor igualdad de oportunidades, eliminación de la pobreza severa y reducción de las desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza. La sostenibilidad ecológica persigue una reducción sistemática del impacto medioambiental de la actividad productiva, la movilidad y el estilo de vida, así como la adaptación al cambio climático. Los tres pilares deben estar estrechamente interrelacionados en aras a la eficiencia, eficacia y celeridad del cambio. Pero para conseguir esto la selección de los instrumentos y actuaciones a llevar a cabo debe ser inteligente y bien informada. En caso contrario, el fracaso, la dilapidación de recursos y la frustración social están asegurados.
Un poderoso instrumento de una estrategia de esta naturaleza es el Corredor Mediterráneo. Un instrumento capaz de contribuir significativamente a la construcción de los tres pilares de la estrategia de progreso, ya que:
1) Constituye un importante generador de empleo y motor del crecimiento económico de forma tanto directa como indirecta e inducida. Esta inversión no sólo genera empleo directo, sino que origina importantes efectos arrastre sobre otras muchas actividades.
2) Contribuye significativamente a la mejora de la competitividad de las economías por las que discurre, al reducir el coste de transporte en relación con el camión (6 céntimos de euro por kilo, en promedio) y mejorar el acceso a los mercados, además de elevar la reputación de los productos transportados debido a las ventajas ambientales que comporta en sociedades cada vez más sensibilizadas con el cambio climático. Como consecuencia de esto es una garantía de mantenimiento e incremento de empleo y mejora de los ingresos de los habitantes (agricultores, trabajadores del sector industrial y del sector servicios) de las zonas beneficiadas por esta infraestructura. En el caso que nos ocupa, más del 40% de la población nacional.
3) Es un motor fundamental de nuevas actividades generadoras de renta y empleo al permitir la desviación de una parte importante del tráfico de mercancías entre Asia y Europa, ya que acorta, abarata y beneficia ambientalmente la conexión entre ambas áreas económicas a través de los puertos del Mediterráneo español. Como consecuencia de ello no sólo contribuye al incremento de la actividad logística y diversos servicios relacionados con ella, sino que eleva sustancialmente el atractivo del Arco Mediterráneo Español para la localización de nuevas actividades productivas y la inversión extranjera. En suma, constituye un vehículo fundamental para el cambio de modelo económico que tanto necesita España y una garantía de plena utilización del Corredor y rápida recuperación de la inversión realizada en él.
4) Constituye un factor fundamental de integración nacional, mediante la conexión circular, generación de sinergias entre territorios y mejora del producto turístico de la zona donde se concentra el grueso de esta actividad fundamental para España.
5) Representa un instrumento de inestimable valor para la descarbonización de la economía y la sociedad española, al eliminar las importantes emisiones que genera el tráfico de mercancías y el de personas por carretera, todo ello favorecido por las ventajas que tanto en un caso como en el otro aporta un Corredor de doble plataforma, con alta velocidad y tráfico de mercancías en ancho europeo. Igualmente, disminuye de forma sensible las emisiones a la atmósfera del transporte de mercancías entre Asia y el centro y norte de Europa, al complementar sustancialmente al barco en el trayecto entre el Mediterráneo y el Mar del Norte.
Si los gobiernos de España hubieran valorado sensatamente las ventajas del Corredor Mediterráneo, este llevaría ya implantado más de diez años y España hubiera crecido más, generado más empleo y reducido sus emisiones a la atmósfera, mejorando considerablemente las condiciones de vida y empleo y las perspectivas de futuro del país. La inversión del Corredor ya estaría amortizada en gran medida. Y el ahorro en transporte hubiera incrementado sensiblemente los ingresos de los productores en muchos millones de euros por temporada.
Si el nuevo gobierno está comprometido con una estrategia de progreso, como ha anunciado y sugiere con las cuatro vicepresidencias creadas, el Corredor Mediterráneo debe ser la primera medida a llevar a cabo y a terminar en tiempo récord. El diseño es claro y los estudios de trazado, impactos e inversión están hechos. El beneficio económico, social y ambiental de una rápida implantación es lo suficientemente trascendente como para que tenga una rápida ejecución. Esperar a 2025 para verlo en funcionamiento, como afirmó el secretario de estado de infraestructuras, Pedro Saura, sería demasiado costoso para el país y un auténtico fracaso para el gobierno. Hay que hacer el esfuerzo inversor que sea necesario, ya que la rentabilidad económica y social de la infraestructura, está asegurada.
