El contrato regalo del PSOE lo pagaremos los consumidores
El Consejo de Ministros aprobó aceptar la renuncia de Escal UGS a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor y ha fijado una indemnización de 1.350 millones que será asumida por Enagás y posteriormente por el sistema gasista, es decir, en última instancia serán los consumidores los que sufragarán esta cantidad durante un plazo de 30 años.
Como todos sabemos, a los pocos meses de asumir Rajoy el Gobierno ya intentó, sin que fuera posible conseguirlo, llegando incluso al Tribunal Supremo, que se declarara la lesividad para el Estado de la norma firmada por el gobierno socialista por la que se articuló la concesión y que estipula que la concesionaria Escal tenía derecho a devolver la concesión, otorgada en 2008, durante un plazo de 25 años y a cobrar el valor neto contable.
El Gobierno del Partido Popular, a la vista del contrato regalo sin precedentes que le otorgó el gobierno socialista a la empresa de Florentino Pérez, ya pidió en mayo de 2012, mucho antes de la crisis de los seísmos-- la anulación de una cláusula del real decreto de 2008 con el que se autorizó la concesión administrativa por considerarla abusiva y contraria al interés general, pero el Tribunal Supremo rechazó en octubre pasado su petición de anular la indemnización y por tanto ahora no le queda más remedio al Estado que aceptar la renuncia de la empresa y compensarla.
Ahora el Castor queda en manos de los técnicos y podría desmantelarse si se dan las condiciones seguras para esta operación.
Desde el Partido Popular como responsable actual del gobierno de España, se ha actuado de la mejor forma posible, primero al paralizar el proyecto con los primeros seísmos y encargar los estudios al Instituto Geológico y Minero y al Geográfico Nacional, así como a otras entidades internacionales, que concluyeron que había relación entre los seísmos y la actividad en el almacén.
Del Castor aún no se ha llegado al final y exigimos responsabilidades pues si de los informes se detecta dolo o negligencia por parte de Escal al inyectar el gas, ACS podría quedarse sin indemnización. Tampoco hay que olvidar que está en marcha la investigación de los terremotos por parte de la Fiscalía de Castellón para determinar la existencia de posibles delitos contra el medio ambiente.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó que no se indemnizaría a los promotores ACS y Escal si se demostraba la existencia de "dolo o negligencia", en la construcción de esta infraestructura gasista tal y como exigía el Tribunal Supremo.
Lo único positivo ha sido que la nueva Ley de Evaluación Ambiental, aprobada en octubre pasado, obliga a incluir en los proyectos estudios de peligrosidad sísmica. Una obligación incluida por el PP después de que estallara la crisis del proyecto Castor.
