El cierre de la Casa de Acogida de Castelló
La Casa de Acogida de Castelló -la única que existía en la provincia- cerró sus puertas el pasado lunes 1 de octubre, asfixiada por una deuda de la Generalitat Valenciana de más de 120.000 euros y por el impago de hasta doce nóminas de la empresa concesionaria a sus ocho empleadas.
Durante los nueve años en los que ha desarrollado su labor, han pasado por el centro más de 150 mujeres y 130 menores. En el momento del cierre, sólo residían en el centro, dos mujeres y sus dos hijos que fueron trasladadas a otro de similares características. El cierre de la vivienda tutelada deja sin atención a las mujeres de la provincia de Castellón en riesgo de exclusión social, mujeres con dificultad o incapacidad para acceder a derechos sociales básicos como el empleo, la educación o la salud quedando al margen de las posibilidades de llevar a cabo una vida independiente plenamente normalizada.
La exclusión social es un concepto que se utiliza para caracterizar diversas formas de desventaja social. Se refiere a la “no participación activa ni pasiva en la sociedad, sin organización comunitaria y sin recibir servicios y bienes sociales”, según definición de la UNESCO. Es decir, la exclusión social se refiere a procesos en los que personas y comunidades enteras de personas son privadas de sus derechos, oportunidades y recursos, por ejemplo, la vivienda, el empleo, la salud, la participación cívica, la participación política, que normalmente están disponibles a los miembros de la sociedad y que son claves para la integración social.
El género, y en concreto, ser mujer, agudiza la vulnerabilidad de las mujeres que ya experimentan algún tipo de factor de exclusión. Las mujeres son las personas más pobres en cualquier sociedad, y las mujeres, más que los hombres, carecen de recursos para poder salir o evitar la pobreza. En España, existen numerosos colectivos de mujeres que se encuentran en condiciones de desventaja social, formados por mujeres con responsabilidades familiares no compartidas en situaciones de inseguridad económica, originadas en ocasiones por separaciones o viudedad, madres solteras que deben afrontar solas el cuidado de sus hijos e hijas, mujeres mayores solas con pensiones de viudedad escasas, mujeres que deben abandonar sus trabajos para cuidar a sus mayores o dependientes, mujeres víctimas de la violencia de género machista, mujeres que ejercen la prostitución, mujeres inmigrantes sin o con trabajos en condiciones precarias, mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres reclusas o ex reclusas. Mujeres que se ven excluidas de los niveles de bienestar que son alcanzados por la mayor parte de ciudadanos y ciudadanas, quedando al margen de la participación en la vida social y económica, y que por ello son mujeres en riesgo de exclusión social.
Pero debemos tener en cuenta que la exclusión social es un proceso, no una condición, por lo tanto es una situación reversible si se cuenta con los medios y con la ayuda necesaria. Y precisamente, en estos momentos tan delicados que vivimos, cuando más necesaria es la protección y la solidaridad de las distintas administraciones; en estos momentos es cuando les vuelven la espalda. El cierre del Centro de Acogida de Castelló es una pésima noticia. Es un nuevo ataque del PP a las mujeres. En esta ocasión a las más frágiles, a las más vulnerables, a las más débiles, a las que más sufren. A ellas y a sus hijos. Otro más.
