La burla del veto ruso

Como sucede con muchas subvenciones que se aprueban bajo el anuncio político de que pretenden ayudar al sector agrario, las últimas normativas europeas dotadas con dinero no están repercutiendo en compensar las pérdidas de los agricultores. Así, las medidas excepcionales aprobadas para hacer frente al veto ruso están resultando ser una hábil maniobra para beneficiar a los eslabones más fuertes de la cadena alimentaria, empleando de forma ruin y despreciable a los productores.

Expliquémonos. El Reglamento Delegado (UE) 1031/2014, y su modificación posterior, el Reglamento Delegado (UE) 1371/2014, establecen la posibilidad de destinar a la beneficencia los productos agroalimentarios que no han podido exportar a Rusia ¡Qué idea tan bonita! Ya que debemos retirar frutas y hortalizas, al menos que sean para quienes más las necesitan. Esta opción se encuentra subvencionada al 100% en cuanto al precio de referencia establecido. Sin embargo, también establece requisitos que marginan al agricultor. Por una parte, los productos deben presentarse en envases de 25 kg perfectamente etiquetados. Estos gastos podrían correr a cargo de determinadas entidades comercializadoras, siempre que así conste en sus programas operativos. Muchas no lo han tenido en cuenta y no hay que ser muy listo para comprobar que la mayoría de los agricultores no tienen capacidad para poder hacerlo.

Existe un impedimento más. Los costes de recolección y transporte también correrían a cargo del productor. Ante tanta traba, muchos productores individuales se han visto obligados a buscar otros destinos diferentes a los de la beneficiencia. Ahora, cuentan con kilos y kilos de naranjas que no pueden vender y que podrían alimentar a quienes no tienen recursos, pero nada, chico, desde un principio, han orientado las medidas a la compensación económica de las empresas que controlan la estructura comercial. ¡De vergüenza!

Encima, el caso más flagrante lo encontramos con la opción que nos podría haber resultado más viable: la transformación en zumo. Con mucha nocturnidad y alevosía, establecieron un plazo para solicitar acogerse a la medida. El plazo no se prolongó más de 10 días y, encima, ocupando las fechas más importantes de la Navidad. Ocurrió lo que era lógico. Muchas personas no se enteraron de nada y cuando lo hicieron, ya no podían inscribirse.

Ahora, pedimos de manera formal que retomen la medida, pero alegan no poder hacerlo. El motivo no podía ser otro, el que siempre nos dan, la Libre Competencia. ¡¿Y eso que es?! ¡¿Acaso no saben que la Ley de la Oferta y la Demanda no se cumple en el sector de la agroalimentación?! El lobby de la industria del zumo ha vuelto a imponer sus condiciones. Resulta increíble que la administración esté permitiendo que se actúe de esta manera, en contra de los productores y de quienes acuden al auxilio de las entidades benéficas. Señora ministra, en estos momentos, debe prevalecer el interés de las familias con problemas y no el poder económico que representa la industria del zumo que le ha presionado.

Así, la gestión del veto ruso ha perjudicado los intereses de los agricultores, precisamente a quienes se supone que deberían de haber defendido en una situación de gestión de crisis. Todo ha sido una burla. ¡Si ni siquiera constatan si las mercancías retiradas iban o no al mercado ruso! Han demostrado ser completamente ineficientes para compensar las pérdidas de los productores. Es más, los 120 millones que destinarán hasta junio para estas medidas no sirven para nada. Si se pretendía retirar mercancía para impedir que los precios cayeran aún más, no se ha conseguido. En 2014 disminuyeron en campo en un 15% y aunque es difícil establecer los motivos, el veto ruso, sin lugar a dudas, ha sido uno de ellos, el otro, la presión de quienes siempre benefician y que se erigen como la parte más sana de la cadena de valor.