6º aniversario de la Ley de la dependencia. Nada a celebrar. Mucho a reivindicar

Este viernes 14 de diciembre se cumple el 6º Aniversario de la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Con esta Ley, aprobada por el Gobierno Zapatero, se reconocía el derecho de las personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad necesitaban apoyos para desarrollar las actividades de la vida diaria, a recibir la atención necesaria de los Poderes Públicos. Se intentaba así, reflejar la preocupación del Estado por las personas que no podían valerse por sí mismas y estaba llamada a convertirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

Seis años después, sin embargo, no tenemos nada que celebrar. Antes de las elecciones, el candidato Mariano Rajoy anunciaba en una entrevista en El País que la “Ley de la Dependencia no era viable”. Desgraciadamente, es el único anuncio electoral que ha cumplido el PP desde su llegada al poder: el desmantelamiento de la dependencia y de los servicios sociales. En la Comunitat Valenciana hay 68.116 personas con derecho a la dependencia; 44.249 ya están cobrando la prestación, mientras que otras 23.867 se encuentran en el “limbo de la dependencia”, es decir, con su derecho reconocido, pero sin recibir las ayudas, a lo que hay que añadir que, en nuestra Comunitat, a diferencia de otras, no se ha reconocido jamás la retroactividad si no ha sido acudiendo a los Tribunales y obligando a los dependientes a judicializar un derecho que debería haberles venido reconocido directamente por la Administración.

El pasado mes de julio, el gobierno aprobaba el Real Decreto-Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que suponía el tiro de gracia a la Ley de la Dependencia, y la muerte, en la práctica de esta Ley, por falta de financiación. En él, se anunciaban una serie de medidas desalmadas y crueles, impropias de un estado de derecho, entre ellas:

1.- LA REDUCCIÓN DE LAS PRESTACIONES económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15% y LA ELIMINACIÓN de las compatibilidades entre servicios, lo que impide la atención personalizada a las personas dependientes.

2.- LA ELIMINACION DE LAS COTIZACIONES DE LAS CUIDADORAS NO PROFESIONALES, que además deberán vivir obligatoriamente con el dependiente. En la Comunitat Valenciana esta medida afecta a alrededor de 16.121 cuidadoras, mujeres que en muchos casos dejaron sus trabajos para cuidar de sus familiares dependientes y que se encuentran ahora sin trabajo, sin posibilidad de reincorporación al mercado laboral y sin cotizar para cobrar en el futuro una pensión de jubilación. Mujeres que han sacrificado sus vidas profesionales y personales en un gesto de infinita generosidad. No hay dinero en el mundo que pague este sacrificio, lo que subraya aún más la mezquindad y vileza de esta medida.

3.- El establecimiento del COPAGO: si el dependiente recibe una plaza en una residencia o en un centro de día deberá pagar parte de su coste, pudiendo llegar hasta el 90% en función de su capacidad económica hasta tener que incluso ¡hipotecar! su vivienda en un 5% de su valor catastral, siempre y cuando en el domicilio no vivan personas a su cargo.

4.- La ampliación del periodo de ampliación de la ley hasta dos años SIN GENERAR RETROACTIVIDAD en lugar de los seis meses actuales, plazo más que suficiente para que muchos ciudadanos MUERAN sin llegar a recibir jamás las ayudas.

5.- Los dependientes MODERADOS NO ENTRARÁN EN EL SISTEMA HASTA 2015 con el falso pretexto de atender mejor a los grandes dependientes y dependientes severos, hecho que ha demostrado ser FALSO, ya que no se están sustituyendo las bajas en el sistema. También SE ELIMINAN LOS NIVELES: sólo quedarán los GRADOS III y II. Con esta medida es muy posible que por ahorrarse unos euros personas consideradas Grandes Dependientes sean valoradas como Dependientes Severos, reduciéndoles así la prestación económica a percibir.

A todo esto hay que añadir los innumerables y continuos impagos de la Generalitat a los servicios públicos o entidades privadas que prestan servicios sociales financiados por esta y que están llevando a sus trabajadores a situaciones de asfixia laboral y a los colectivos que atienden a una situación de verdadera alarma social. Los dependientes han llegado a acumular retrasos en los pagos de hasta cuatro meses. No se conoce el caso de ningún político valenciano que haya estado cuatro meses sin cobrar. Hace unas semanas, percibieron las mensualidades de agosto y septiembre, quedando todavía pendientes las de octubre, noviembre y pronto diciembre. La Conselleria ignora cuándo podrá hacer frente a estos pagos.

Hace unos días se anunció el relevo en la Conselleria de Bienestar Social que está ahora en manos de la señora Asunción Sánchez Zaplana. Sería una demostración de buena voluntad y comenzaría con buen pie su andadura, que tanto la Consellera como el President Fabra se prestasen a recibir a las Plataformas por la Dependencia y establecer con ellas compromisos firmes en esta materia, así como un calendario fijo de pagos.

Mientras se piense que la aplicación de la Ley de Dependencia es un “gasto inviable” y no una inversión social, seguiremos abocando a la exclusión social a los dependientes y a sus familias, sobre todo a las mujeres. Y mientras los dependientes que no puedan costeárselo se verán abocados a la caridad, otros harán negocio con la privatización de los servicios sociales. Ya han comenzado.