Una Legislatura de oportunidades
Ante la conmemoración de nuestro Constitucional Día, recién estrenada una vertiginosa XII Legislatura tras más de 300 días de incertidumbre, nos vemos obligados a recordar que nos enfrentamos a una etapa de oportunidades. Tras una Legislatura, la undécima, en la que se acometieron profundas transformaciones y cambios para asistir a un país en situación de emergencia total, ahora debemos apuntalar esa senda reformista que nos ha permitido transitar de la crisis a la recuperación, de la incertidumbre a la esperanza.
Iniciamos una Legislatura de signo distinto. La anterior estuvo marcada por el riesgo y la emergencia nacional. Ahora debemos consolidar la recuperación y afianzar los pilares de nuestra sociedad del bienestar. Una Legislatura que abre una nueva etapa, en la que deberemos esforzarnos para evitar volver a esa crítica situación de la que muchos ya no se acuerdan a Dios gracias, abriendo espacios colaborativos, consensos y acuerdos en pos del bien común.
Tras las dos convocatorias electorales, el escenario ha quedado determinado por los ciudadanos, los verdaderos soberanos de nuestra democracia, con una mayor fragmentación del espectro político. Nuestras sociedades complejas, verdaderas sociedades magmáticas con una gran fragmentación del poder, necesitan visualizar y hacer efectiva una necesaria colaboración del Ejecutivo y el Legislativo, haciendo efectivo un verdadero espíritu constructivo, cada uno desde su responsabilidad.
Una época de oportunidades donde el mayor reto será buscar ese entendimiento de todos. Empatías necesarias que nos lleven a espacios comunes donde lograr grandes consensos que den respuesta a los problemas y demandas ciudadanas. Tiempos de grandes retos internos, para seguir avanzando en ese proyecto común como nación, y externos, asumiendo nuestro papel en un mundo interconectado con problemas comunes que nos afectan a todos. Un mundo en el que debemos liderar las grandes reformas, bajo el paraguas de ese gran valor global que es el idioma español.
Un mundo global y "otro" mundo digital, en el que tendremos que defender los derechos de los ciudadanos en la red, pasando de nuestro actual sistema de protección analógico al digital del siglo XXI, para la protección y regulación de derechos. Por ello habrá que intensificar la actividad parlamentaria y abrir espacios para la discusión, estudio y análisis de los nuevos retos que debemos afrontar.
Y para ello, una premisa fundamental. En un estado de inflación normativa, debemos comprometernos a no legislar más, sino mejor. Un gran déficit de un Estado con excesiva legislación, que debemos abordar para mejorar la calidad legislativa, adelgazando y armonizando unas normas que sean más entendibles para los ciudadanos y con mayores niveles de transparencia y participación. Con un compromiso con la evaluación ex post que nos permita analizar la efectividad y alcance de las normas una vez aplicadas.
Un escenario en el que habrá que reinventar una relación con todas las Administraciones Públicas. Una tarea importante de cooperación y colaboración entre todas las administraciones territoriales en un país con tan altas cotas de descentralización, las mayores de toda la UE. Y para ello tendremos que reforzar todos los instrumentos y marcos de colaboración que nos permitan mejorar esa relación en beneficio de todos los ciudadanos.
Retos que debemos afrontar revitalizando nuestros valores constitucionales. Poniendo en valor el espíritu de aquel pacto histórico del 78 que alumbró nuestra Carta Magna. Un espíritu al que ahora algunos ponen en cuestión y que entonces asombró al mundo, desarrollando un proceso ejemplar de confraternización, estableciendo grandes consensos de entrada, pero también de salida.
Ante la amenaza del populismo que busca socavar esos fundamentos, debemos armonizar un sistema que refuerce una verdadera sostenibilidad corporativa del Estado, desde el respeto, el compromiso y el respaldo más amplio posible, para poder generar un verdadero liderazgo constitucional. Una Constitución de todos y para todos.
