Una ley contra el régimen

Me refiero, naturalmente, que la ley que se está tramitando en este momento en el Congreso de los Diputados es una ley contra el régimen local, contra la autonomía local de los municipios y una farsa que sólo busca concentrar competencias en las comunidades autónomas en perjuicio de los ayuntamientos.

No se crean ustedes que todos los problemas que tiene la administración del Estado vienen dados por las manirrotas Corporaciones Locales que, en manos de políticos corruptos o ineptos, han esquilmado las arcas públicas. Pues no. Al menos no se lo crean del todo ya que algunos casos ha habido. Sobre todo en las grandes ciudades.

La mayoría de municipios, y eso si que es cierto, ante la inactividad de las Comunidades Autónomas, han tenido que asumir competencias que no les correspondían pero que eran absolutamente necesarias para sus ciudadanos.

En los pueblos y ciudades, desde sus gobiernos, alcaldías y concejalías se mira cara a cara a los ciudadanos, sus problemas duelen en carne propia, porque cuando sales a la calle a pasear te los encuentras, te cuentan sus desgracias y dificultades, y necesitas hacer algo.

La administración autonómica está lejos. No tanto como la de Madrid. Pero está muy lejos. A los diputados casi ni se les conoce, y los Consejeros y Presidentes se les ve por la televisión autonómica diciendo lo bien que va todo. Pero nada más.

Seguramente si todas nuestras administraciones ejercieran sus competencias correctamente, y dotaran a sus servicios de partidas presupuestarias suficientes, no sería necesario ir contra el régimen local. Pero nuestras administraciones autonómicas, y la Valenciana sobre todo, prefirieron ir por el carísimo camino de las políticas de grandes eventos.

El proyecto de Ley de Reforma del Régimen Local no va a ser la solución al desastre de nuestra administración. Cercenará la posibilidad de prestar unos servicios sociales que las autonomías no prestan por incapacidad técnica o económica, o simplemente por pura inoperancia. Y seguirán pagándolo en sus carnes los más desfavorecidos.

Lo que Reagan y Thacher hicieron en los ochenta ahora lo hacen “los mercados” en una Europa capitaneada por gobiernos conservadores y liderada por una alemana recientemente respaldada por las urnas mayoritariamente.

Sinceramente, creo que sería mucho más fácil utilizar las estructuras que ya tenemos, de una forma honrada.

Así, las diputaciones provinciales son, según nuestra Constitución, entidades locales que tienen la obligación de velar y colaborar en el desarrollo de los municipios pequeños. Sin embargo, se han utilizado como centros de poder caciquil.

Con este cambio legislativo, vamos a darle un poder a las Diputaciones que ya tienen según ley. Pero no habrá ninguna ley que socave la voluntad de los caciques de instrumentalizar las diputaciones para sus intereses electorales. En consecuencia, estamos inventando la pólvora mojada… otra vez.

Si las Mancomunidades son perniciosas, es por la misma razón. Si las utilizáramos para la sana colaboración entre municipios para rentabilizar y maximizar sus servicios, son un instrumento de primer orden. Y sin que sea necesario hacer desaparecer pequeños ayuntamientos “no rentables”.

Y eliminar concejales y la representación política en los pequeños ayuntamientos supondrá una concentración de poder en unos pocos y una merma de capital humano que ofrece su esfuerzo para evitar la desertización en amplias zonas de nuestro país sin sueldo alguno.

En definitiva, esta ley nos lleva a una reducción drástica de la democracia, a una clara desertización de aquellas zonas de nuestro territorio que no son “rentables” electoralmente y, cómo no, a una pérdida de servicios para los más desfavorecidos.

En efecto, esta es una ley contra el régimen local y contra todos los ciudadanos de poblaciones pequeñas que son las que vertebran nuestro territorio nacional.

Sigamos sin hacer nada. Sigamos sin reaccionar. Que esta gente tan maja ya hará el trabajo en el sacrosanto nombre de los mercados.