¿Está politizada la justicia, o se ha judicializado la política?
Como en casi todos los temas de la vida, la respuesta que recibiremos, va a depender de a quién le hagamos la pregunta que encabeza esta columna.
Si se la hacemos a los delincuentes evidentes prófugos de la Justicia Española e incluso a los presuntos delincuentes pendientes de juicio, siempre contestarán que sin la menor duda se está judicializando la política, para tratar de condenarles cuando su único delito ha sido querer pulsar la opinión de los votantes.
No es verdad, porque ellos no es eso lo que pretenden, sino aplicar el voto “de una parte por el todo” ignorado y vulnerando las leyes que regulan la vida de todos los españoles, dándoles sólo el derecho a votar a los catalanes e ignorando la voluntad del resto de los españoles, contraviniendo las leyes que amparan a la España constitucional.
Reduciendo el ámbito de competencia a la mínima expresión, es algo así como arrogar a cada ciudadano español el derecho a no pagar sus impuestos por su voto individual, o a cada ciudad española el derecho a canalizar todos los impuestos que pagan sus ciudadanos a través de su Ayuntamiento, ignorando a las Autonomías y por elevación llegaríamos al punto en el que se ha delinquido en Cataluña, al votar inconstitucionalmente en el referéndum del 1º de Octubre, en un referéndum promovido y organizado por el propio Gobierno Catalán que ya había sido advertido y requerido por el Tribunal Constitucional cuyas advertencias desoyó y contravino.
Pero si tengo que expresar mi opinión, me caben muy pocas dudas de que “la Justicia si está politizada” y aunque no es el primer caso ni el único del que existen evidencias, la razón de ser de esta columna es el reciente caso publicado en muchos medios de comunicación (por supuesto ninguno de ellos adicto al Frente Popular de Izquierdas) este fin de semana.
Yo lo leí en en un periódico el 6 de septiembre de 2019 y escuché comentarios en diferentes medios de comunicación radiofónicos y televisivos.
La juez María Nuñez Bolaños, que sustituyó a la Juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE, por lo visto, leído y escuchado por mí hasta hoy, ha tratado de frenar y retrasar este proceso que se considera como el mayor caso de desvió de fondos públicos por la Junta de Andalucía entre todos los casos de corrupción de la democracia española.
Pero en este momento, su actuación parece de un “sainete” de la picaresca político-judicial de hoy.
Acabadas sus vacaciones veraniegas, esta señora se reintegra tres días a su puesto de trabajo y “en tan corto espacio de tiempo deja sin efecto una orden de su Juez sustituto a la Guardia Civil, para investigar el supuesto enchufe del socialista Francisco Camas actual segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera que trabajó en la extinta fundación pública Faffe.”
“Y en otros dos autos dictados el mismo día, 2 de Septiembre a los que ha accedido ABC, la juez ha archivado la imputación de un ex parlamentario del PSOE y de otro alto cargo del Gobierno socialista, en dos piezas desgajadas de la causa troncal de los ERE sobre ayudas fraudulentas”.
Los entrecomillados, son entresacados del ABC del 6 de Septiembre, que también indica que la baja de esta señora, coincide con la instrucción de una acción disciplinaria que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto contra la Juez y cuyo detonante es un informe pormenorizado con todas la irregularidades cometidas por ella en la causa de los ERE, Avales y la Agencia IDEA que heredó de Mercedes Alaya y que han suscrito todos los fiscales Anticorrupción en Sevilla.
¿Por qué se producen esos casos?
Simplemente, porque desde que Felipe y Guerra “se cargaron a Montesquieu” en España, los altos organismos del Poder Judicial ya no son elegidos por los mismos jueces, sino por los políticos y “aquellos polvos han traído estos barros”.
Saben quienes me leen, que hay muchas cosas en Ciudadanos, que no comparto, pero si tengo muy claro que si queremos devolver la ética y la moral sin contaminar a nuestra Justicia, tenemos que tener muy claro que los órganos superiores de la Justicia deben de ser elegidos por el cuerpo judicial y en ningún caso por los políticos, que siempre suelen pasar las facturas luego a quienes les deben sus cargos.
Y si nuestra clase política fuese impoluta, no sería un problema, pero con los casos de corrupción que se han vivido en la clase política española desde 1980 hasta hoy en España, tiene que ser un objetico común de todos los españoles:
DESPOLITIZAR LA JUSTICIA Y SOMETER A LOS POLÍTICOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS LEYES QUE NOS OBLIGAN A TODOS LOS ESPAÑOLES.
Hasta la semana que viene amigos, si Dios quiere.
