Carburantes, sus precios de compra… de venta e inhibición del Gobierno

Seguro que hay leyes para regular la repercusión de los precios al público, en función de las oscilaciones de las materias primas en origen, pero por lo visto, o son unas leyes tan mal pensadas y legisladas (como otras muchas con las que nos obsequian nuestros legisladores), que permiten a las multinacionales petrolíferas, burlarlas con absoluta impunidad por cualquiera de los resquicios legales que se les ofrecen, o de no ser así, los mecanismos para la defensa del consumidor no sirven para nada.

Viene a cuento esta reflexión porque acabo de leer que los precios de las materias primas (es decir del barril de petróleo) en el último mes a contar desde el 10 de julio, han sufrido una bajada en origen del 27%, y sin embargo la repercusión al usuario en los surtidores apenas ha representado en el mejor de los casos aproximadamente un 7%.

¿Cómo se explica eso?

No tardaran los asalariados y pan y aguados del partido en el poder, en salir argumentando mil y una razones para eximir de cualquier responsabilidad al Gobierno de Zapatero, pero a mí no van a poder convencerme.

Si en el último año se ha insistido una y mil veces, con carácter prácticamente semanal, que subían los precios de las gasolinas y los gasóleos en razón a los aumentos de precios en origen, con la misma agilidad deberían ahora de proceder a bajarlos.

No me sirve que me digan que el componente fundamental del precio de venta son los impuestos, ya que lo son tanto cuando el precio se ha de aumentar por incrementarse el costo de las materias primas, como se debería de reducir al bajar el mencionado costo.

Tampoco me sirven las razones de temporalidad que sin duda expondrán si la opinión pública incide mucho en este absurdo, ya que si se necesita un tiempo para aplicar la reducción también debió de necesitarse para aplicar la subida… y no fue así.

Y finalmente, me veo venir lo que ya ha ocurrido en alguna situación similar con anterioridad.

El Ministerio de Industria le impondrá una multa aparentemente multimillonaria a alguna empresa de distribución o a varias de ellas, que ingresarán en el erario público, pero nunca en el bolsillo de los perjudicados, que somos los españoles de a pie, que día a día vamos al surtidor a llenar el depósito y que es a quienes se nos ha “robado” o “sustraído” ese importe, multiplicado por mil seguramente, aunque en pequeñas dosis.

Es decir que el Gobierno tolera que se nos esté haciendo pagar en el día a día unos precios abusivos a todos los españoles para luego resolverlo de cara a la galería, imponiendo una multa que para servir de escarmiento debería de ser de varias veces el total del importe sobre pagado, y que a fin de cuentas sin la menor duda no llega nunca un mínimo porcentaje de dicho importe, por lo que las compañías distribuidoras siguen usando y abusando de la medida, prefiriendo pagar esas multas que solucionar el tema de una manera transparente con los organismos de control, que sin duda existen pero que yo al menos no les veo funcionar correctamente.

¿A quién habría que exigirle responsabilidades por eso?

No lo sé, pero sin duda a mí no, y sin embargo no me sorprendería que al final se le diese la vuelta al calcetín una vez más y el culpable fuese el mensajero, por lo que lo más conveniente será silenciarlo.

Otra razón de desconfianza con quienes deberían de preocuparse de defendernos y nos esquilman… TODO LO QUE PUEDEN.