La auditoría del PSOE

Tanto el PP como el Bloc hemos estado intentando reivindicar y adueñarnos de la auditoría realizada en Moncofa. El Bloc asegurando que ellos fueron los que propusieron en pleno la misma, el PP asegurando que fue el primero en presentar una moción al respecto que fue descafeinada por el Bloc. La verdad es que fuimos los dos únicos partidos que votamos a favor de ella y que la llevábamos en nuestro programa y la verdad es que, muy inocentes debían ser los del Bloc-Compromís para pensar que dejando al partido socialista en el poder podrían destapar la realidad.

Sin embargo, ahora no estoy intentando escribir sobre eso, sino sobre la propiedad de la auditoría. Desde el PP decimos que es nuestra, Compromís dice que es suya y el PSOE, que es de Compromís!!! Vaya lío. Y ante todo esto, al final, me he tenido que parar a pensar en ello y he llegado a una conclusión. Que inocentes que somos, no se trata de una auditoria propiedad del PP, ni propiedad de Compromís, sino que el padre de la auditoría es el PSOE!!!

El Alcalde es del PSOE, el Departamento de Urbanismo está controlado por una concejal del PSOE, en Hacienda hay otra concejal del PSOE, y el gabinete de abogados que llevaba todos los casos sigue trabajando para el secretario general del PSOE en Moncofa, defendiéndole de la fiscalía anticorrupción.

Ante este panorama no me extraña que “no es posible emitir una opinión fundada sobre los hechos manifestados ya que no se han localizado los expedientes” sea la frase más recurrente durante toda la auditoría.

Pero tengamos una cosa clara, el hecho de que mucha información se haya retrasado durante meses y que otra haya sido imposible de localizar o no se haya suministrado no significa que la auditoría no saque trapos sucios a la luz.

Sabemos que hay numerosísimas irregularidades, y algunas de ellas con sentencias firmes en contra que no se han podido tapar. Como, por ejemplo, gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia la auditoría puede decir que en el Sector C, cuyo urbanizadora fue PISCIVALL SL, se cobró el doble “respecto a los costes que figuraban en la proposición jurídico económica, lo que supera el máximo legalmente admitido para la retasación de cargas, que es un 20%”. Fin de la cita.

O que para la enajenación (entiéndase venta) de terrenos municipales se utilizó la realización de proindivisos y su adquisición por los otros propietarios cuando “cualquier otra enajenación que se hubiera producido fuera de estos supuestos requeriría subasta pública ya que se está evitando esa preceptiva licitación pública”. Fin de la cita.

Por cierto, casi dos años después, todavía estamos a la espera de la auditoría contable del PSOE.