Una Simple División

Si tomamos por válidos los datos que ofrece el gobierno de Rodríguez Zapatero tenemos que en España hay 400.000 beneficiarios de la ley de dependencia y que en 2008 han recibido, hasta la fecha, 392 millones de euros, si dividimos ambas cifras resultan ser 81 euros mensuales.

Teniendo en cuenta que el último informe emitido por el propio sector, el de Inforesidencias.com el Estudio Sobre Precios de Residencias para Personas Mayores en 2008, resulta que el precio medio de una residencia geriátrica privada es de 1.688 euros al mes, o lo que es igual, que el ejecutivo socialista solo costea el 4.8% del precio de la plaza.

El mismo informe, elaborado en julio del presente ejercicio, revela que el precio de las residencias se incrementó en España un 8,9% en el último año, lo que quiere decir que la aportación estatal es la mitad de la subida de precios anuales.

Estos son los datos, gubernamentales, con toda su crudeza; la aportación total gubernamental no llega a compensar el crecimiento de precios del sector.

Téngase en cuenta además que de los 400.000 presuntos beneficiarios el 80% son grades dependientes, que según la ley necesitan “apoyo indispensable y continuo de otra persona” para llevar a cabo “las actividades básicas de la vida diaria” y el 20% restante son dependientes severos que precisan atención “dos o tres veces al día” según la publicitada norma.

Lo que supone que para estas personas con discapacidad y mayores con gran dependencia, supuestos beneficiarios del sistema, el recurso público o privado idóneo es una residencia que seguirán pagando comunidades autónomas, ayuntamientos y particulares, ante la escasez de recursos estatales.

Juzguen ustedes mismos, con una sencilla división, si esto tiene algo que ver con “el cuarto pilar del estado del bienestar” que nos contaron durante la campaña electoral.

No es extraño pues que el Ministro autor, el señor Caldera, fuera cesado, y que, parte de los gobiernos socialistas, hayan pedido una moratoria en la aplicación de la deseada y malbaratada ley.

Miguel Barrachina Ros
Diputado Nacional y
Portavoz Adjunto de Asuntos Sociales