LA UNIÓ recurre la limitación estatal de nuevas plantaciones de viñedo de este año para evitar una pérdida de potencial productivo e incorporar jóvenes al sector
Desde el año 2016 ya son más de 40.000 las hectáreas que habrían dejado de estar a disposición del sector en forma de nuevas plantaciones
LA UNIÓ de Llauradors, junto a todas las organizaciones que componen la Unión de Uniones, han presentado en tiempo y forma un Recurso de Alzada contra la Resolución publicada el pasado 28 de diciembre de 2021 en la que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura establecía fijar en 946 hectáreas la superficie que se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantaciones en 2022, equivalente al 0,1% de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2021.
Con la decisión de este año, serán más de 40.000 has. las que habrían dejado de estar a disposición del sector en forma de nuevas plantaciones desde que entrara en vigor en 2016 el nuevo sistema europeo de autorizaciones para el viñedo. En el contexto de países vitivinícolas de la UE, sólo España y Alemania, recortan el cupo de nuevas plantaciones por debajo del 1% de la superficie de viñedo existente que, como máximo, permite la normativa europea. Esto ha evitado la pérdida de potencial vitícola de nuestro país que, pese a todo, el Ministerio de Agricultura cifró en 45.435 hectáreas entre el 31 de julio de 2015 y el 31 de julio de 2016 y que desde el año 2000 suma 234.694 hectáreas.
“No se trata de que queramos que la superficie de viñedo crezca indiscriminadamente en España” matizan desde LA UNIÓ “pero el sistema de autorizaciones de nuevas plantaciones puede y debe ser aprovechado para mejorar la competitividad de la viticultura profesional y poder incorporar a jóvenes al sector”. Para la organización, la reducción de nuestro potencial y el recorte de nuevas plantaciones es una pérdida de patrimonio vitícola que estrangula la vía más social que permitiría redimensionar las explotaciones de los viticultores profesionales y los jóvenes que se incorporan al sector. Ello no sería, además, incompatible con que las Denominaciones de Origen establezcan limitaciones y restricciones en su ámbito para evitar futuros desequilibrios.
Las limitaciones de nuevas plantaciones que se han ido aprobando año tras año a nivel estatal atienden a las recomendaciones de la Interprofesional del vino de España (OIVE). Ello debería justificarse, en base a la legislación en vigor, en la necesidad de evitar riesgos claramente demostrados de oferta excesiva, basándose en informes y análisis sobre las perspectivas de mercado, las previsiones del impacto de las nuevas superficies que entrarían en producción y de los derechos de plantación y autorizaciones concedidas sin ejercer. LA UNIÓ ha pedido también en su recurso, que el Ministerio de Agricultura haga públicos dichos informes.
Por otro lado, la organización considera que el reparto de nuevas plantaciones entre las diferentes Comunidades Autónomas es desequilibrado y que la Resolución recurrida ignora que el verdadero problema en el potencial productivo no está tanto en llegar a autorizar un 1% de nuevas plantaciones a nivel estatal, como en permitir la entrada en determinadas DO de autorizaciones de replantación deslocalizadas procedentes de áreas ajenas a las que generaron tales autorizaciones. “Eso sí que puede desequilibrar la oferta en las DOP como ha ocurrido ya en zonas como la de Cava o Rueda” indican desde la organización.
Sin embargo, tal y como denuncia LA UNIÓ, no se es consciente de ese problema y, desde 2016., de las 98 figuras de calidad - homologables a una DOP - existentes en España, para la próxima campaña, sólo 6 han propuesto limitaciones y/o restricciones para planificar sus superficies de viñedo.
El Recurso que presenta la organización pretende centrar la política vitivinícola atendiendo a la capacidad que el sector debe de tener a la hora de tomar sus propias decisiones al margen de tutelas que no aportan sino obviedades alejadas del debate más importante que presenta el sector: el reparto de valor a lo largo de la cadena vitivinícola en un contexto pandémico que está estrangulando la rentabilidad cuando no la supervivencia de amplias zonas vitivinícolas en el Estado.
