LA UNIÓ de Llauradors traslada a Economía la necesidad de paralizar los acuerdos de la UE con países terceros si no se aseguran las mismas normas
Esta organización agraria se ha reunido hoy con el conseller Rafael Climent y la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra, con el acuerdo con Mercosur como tema relevante
LA UNIÓ de Llauradors ha trasladado hoy a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo que se proponga al Gobierno central la paralización de los Acuerdos de la UE con países terceros mientras no se asegure que los mercados de origen y de destino operen bajo las mismas normas y no como hasta la fecha donde siempre los países terceros obtienen ventajas competitivas.
Carles Peris y Joanma Mesado, secretario general y secretario técnico de LA UNIÓ, respectivamente, han mantenido un encuentro de trabajo con el conseller Rafael Climent y con la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra, donde han insistido en la necesidad de evitar la discriminación de los productores agrarios de la Comunitat Valenciana en los acuerdos comerciales entre la UE y países terceros.
Peris ha señalado que “probablemente el Acuerdo beneficie a otros sectores de la economía valenciana pero no al agrario desde luego y que la Generalitat debe contemplarlo como clave económicamente pero también como fundamental para vertebrar el territorio y para mantener el medio ambiente y el paisaje de la Comunitat Valenciana”.
En este sentido, LA UNIÓ señala que antes de suscribir un acuerdo en la UE se deberían analizar posibles condiciones sociales que atenten contra la carta de los derechos humanos, también procesos productivos contaminantes o productos nocivos para la salud humana (materias activas de pesticidas u hormonas); así como procesos de distribución que impliquen elevadas huellas de carbono.
LA UNIÓ de Llauradors propone también en este sentido la obligatoriedad de una tasa compensatoria para los productos agropecuarios que entren en territorio comunitario procedentes de países cuyas normativas ambientales sean más permisivas que la establecidas en la Unión Europea.
