Unides Podem propone que Les Corts "condenen" la gestación subrogada, como ha hecho ya el Parlamento Europeo
Cabedo: “Esta práctica es contraria a la dignidad humana de la mujer, puesto que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima”
La secretaria primera de la Mesa de Les Corts y diputada de Unidas Podem, Cristina Cabedo, ha presentado una proposición no de ley para que el parlamento valenciano condene la explotación reproductiva e instrumentalización de las mujeres a través de la práctica de los vientres de alquiler, tal como ya ha hecho el Parlamento Europeo.
Cabedo reclama que “Les Corts condenen, al igual que ha hecho el Parlamento Europeo, la práctica de la gestación por sustitución, es decir, de los vientres de alquiler, por ser contraria a la dignidad humana de la mujer, puesto que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima”.
Asimismo, solicita que el parlamento valenciano considere los vientres de alquiler “como una práctica de mercantilización de la capacidad reproductiva de las mujeres, que vulnera los derechos de la infancia al considerar a los bebés nacidos por las llamadas madres sustitutivas --las mujeres gestantes-- como objetos de compra venta”.
La diputada asimismo insta al Consell a que reclame al Gobierno de España que garantice el mantenimiento de la prohibición actual de la gestación subrogada y a impulsar en las estructuras internacionales un marco común regulador que prohíba la celebración de contratos de gestación, en garantía de la dignidad de las mujeres y de la infancia.
También plantea pedir al Gobierno que adopte medidas legales para sancionar a las agencias que se dedican a esta actividad; que se dote de verdadera eficacia legal la nulidad de estos contratos de forma que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero y que se garantice el cumplimiento de los controles relativos a la donación de óvulos establecidos en la ley.
Paralelamente, insta al Consell a garantizar la agilización de los procesos de adopciones y la disminución de trabas burocráticas y a asegurar las garantías de la infancia en los procesos de adopción y las de todo tipo de familias a adoptar.
La diputada ha recordado que hay organismos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o el Parlamento Europeo que han alertado e instado a la prohibición de toda práctica gestacional que vulnere los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo, --especialmente en países en desarrollo, que son los proveedores de las mujeres gestantes--, en los cuales se ha comprobado la comisión de delitos contra los derechos humanos y la vinculación de la gestación por sustitución con el tráfico de seres humanos.
La diputada también ha recordado que desde el Comité de Bioética de España se considera que todo contrato de gestación por sustitución, o vientres de alquiler comporta la explotación de la mujer involucrada y daña los intereses superiores de los y las menores.
