Unides Podem propone que la Comunitat se comprometa a acoger migrantes en solidaridad con la emergencia humanitaria que vive Canarias
La síndica de Unides Podem en Les Corts Valencianes, Naiara Davó, ha presentado una proposición no de ley en Les Corts Valencianes solicitando que la Comunitat Valenciana se comprometa a acoger un mínimo de personas migrantes en el plazo de tres meses en solidaridad con la emergencia humanitaria que existe actualmente en Canarias, adquiriendo así un compromiso de solidaridad y corresponsabilidad entre todos los territorios.
Asimismo, UP ha solicitado documentación y datos al Gobierno Central para que informe sobre el número de inmigrantes trasladados desde Canarias a la Comunidad Valenciana durante el año 2020, desglosado con indicación de edad y género y paralelamente, la diputada Irene Gómez ha solicitado la reunión de la comisión de Derechos Humanos de Les Corts para que se pronuncie sobre la comparecencia de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana respecto a esta cuestión.
Davó ha recordado que según el último informe publicado por el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre llegaron por vía marítima 16.760 personas a las islas, lo que supone un incremento del 1.019,6% respecto al mismo periodo el año anterior.
La síndica ha señalado que “la reapertura de estas vías de migración a Canarias ha generado una crisis humanitaria de enorme dimensión. El hacinamiento de cientos de personas en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, la mayoría alojados en campamentos improvisados y sin condiciones mínimas de habitabilidad, está poniendo de manifiesto la falta de recursos y medios por parte de las administraciones locales para poder afrontar esta situación”, ha indicado.
Desde el Gobierno de Canarias, ha explicado, se están llevando a cabo actuaciones que garanticen el alojamiento y los derechos de los menores extranjeros no acompañados, poniendo a disposición un total de 21 espacios de alojamiento que permiten atender hasta 1.962 menores en el conjunto del archipiélago, pero desde el propio gobierno de las islas se señala que no cuentan con los suficientes recursos para llevar a cabo la tutela y atención de todos los menores, e incluso la Unión Europea carece de programas específicos que permitan afrontar esta situación. Davó ha reclamado “mayor cooperación interterritorial en temas de derechos humanos ya que construir una España fraterna implica colaborar con las otras autonomías”.
Muchas de estas personas huyen de situaciones de persecución política, guerras y violencia en sus países de origen, lo que pone de manifiesto la urgencia de asegurar cuanto antes mecanismos de identificación de las personas que necesitan protección internacional, por su carácter de refugiadas y con la necesidad de acogerse al derecho de asilo.
Davó considera necesario disminuir la presión que vive Canarias, cuestión que pasa por llevar a cabo una planificación eficiente de los traslados a la península, en base a criterios de proporcionalidad entre territorios y según los perfiles de las personas migrantes, en base a los distintos grados vulnerabilidad de las personas migrantes y la necesidad de llevar a cabo procedimientos de asilo tras las correspondientes identificaciones de la situación de cada una de ellas.
A su juicio, “la situación actual requiere que se tomen cuanto antes medidas encaminadas a solventar la situación que se está viviendo en Canarias, especialmente para evitar que se pueda llegar a un contexto de difícil retorno, así como replantear el funcionamiento del modelo actual para evitar nuevas crisis humanitarias”.
También ha reconocido el esfuerzo que están llevando a cabo las personas profesionales en el ámbito de atención a las personas migrantes y ha instado a “asegurar vías legales y seguras para migrar y evitar el desastre humanitario que estamos viviendo en las costas de nuestro país, y llevar a cabo políticas de acogida dignas que eviten el desamparo de miles de personas e implantar mecanismos eficientes que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos”.
Esta iniciativa se une a otras registradas por la coalición sobre esta cuestión, como la registrada a finales de noviembre por la portavoz adjunta Estefanía Blanes, reclamado que se derogue la normativa que permite las devoluciones sumarias y que mientras esto sucede se prohíban.
