Unides Podem plantea que las sanciones por incumplir las restricciones por Covid sean proporcionales a los ingresos
Ferran Martínez: “Este tipo de casos generan un agravio comparativo entre los ciudadanos; la desigualdad económica repercute en una desigualdad ante la ley”
Unides Podem ha planteado en Les Corts en una proposición no de ley que se modifique la regulación de las sanciones administrativas de tipo económico y de ámbito autonómico derivadas del incumplimiento de las restricciones y las medidas de seguridad aprobadas para la contención de la Covid-19, de modo que estén ponderadas en función del nivel de ingresos.
El diputado y portavoz de Economía de este grupo, Ferran Martínez, plantea que para llevar a cabo esta medida se establezca un sistema de cálculo ágil basado en la proporcionalidad, estableciendo tipos básicos y fijando umbrales y que se apruebe una amplia reforma del conjunto de sanciones administrativas de ámbito autonómico para adaptarlas al principio de proporcionalidad en función de los ingresos de persona sancionada. Paralelamente, insta al Gobierno de España a actuar en el mismo sentido.
Martínez ha explicado que las sanciones administrativas “no solo sirven para castigar el incumplimiento de la ley sino aún más fundamentalmente para prevenirlo”. Sin embargo, ha advertido, “aunque se aplique a todos los infractores de una misma ley una misma sanción económica con una misma cuantía, sus efectos sobre los sancionados no tienen por qué ser necesariamente iguales. El valor subjetivo que le dé un individuo concreto a una sanción puede variar en función de su capacidad para afrontar el pago. Una sanción puede ser muy elevada para alguien que sea pobre y sin embargo, ser nimia para alguien que tenga un poder adquisitivo elevado”.
En este sentido, se ha referido al caso del futbolista del Real Madrid, Marcelo, que se saltó el cierre perimetral y se trasladó a València el pasado domingo, según trasladó él mismo en las redes sociales.
Martínez ha recordado que “existen distintos tipos de sanciones económicas en diferentes países que no se definen conforme a un valor absoluto idéntico para todos los infractores sino que se aplica como un porcentaje respecto a una variable que mide el poder adquisitivo de cada individuo, habitualmente la renta o el patrimonio. Dos ejemplos bien conocidos son las multas de tráfico en Suiza y Finlandia que se calculan en base al nivel de renta de la persona sancionada”.
El diputado ha subrayado que en el último año las Administraciones Públicas han tenido que desarrollar nuevas disposiciones sancionadoras que acompañen las distintas regulaciones sobre las restricciones y las normas de seguridad establecidas para prevenir los contagios por Covid-19. “La aplicación de dichas normativas sin embargo dejan claro, como ya venía ocurriendo en otro tipo de sanciones, que aquellos que poseen un mayor poder adquisitivo tienen una mayor facilidad para incumplir la ley porque son sobradamente capaces de afrontar las sanciones sin una merma significativa de su riqueza. Sancionar por igual a quienes se encuentran en situaciones patrimoniales muy distintas es sancionar más a quienes menos tienen y sancionar menos a quienes más tienen”.
En este sentido, ha incidido en que “este tipo de casos generan un agravio comparativo entre los ciudadanos en tanto que puede ser más o menos asequible incumplir la ley según si quien lo hace es más rico o más pobre, es decir, la desigualdad económica repercute, de hecho, en una desigualdad ante la ley”.
