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Los socios de Sánchez se unen contra el castellano

Los socios de Sánchez se unen contra el castellano
  • Compromís firma en el Congreso una proposición no de ley para acabar con la "imposición legal exclusiva del castellano" en la administración

Los socios de Pedro Sánchez en el Gobierno han presentando una proposición no de ley de manera conjunta en el Congreso de los Diputados para acabar con lo que ellos califican de "imposición legal exclusiva del castellano" en la administración y "emprender una política decidida para acabar con las discriminaciones lingüísticas".

El documento registrado en la cámara baja lleva la firma de Joan Baldoví, diputado de Compromís, junto a los diputados de Bildu, la CUP, PNV, BNG, Junts x Cat, Más País, Unidas Podemos, PdeCat y ERC.

En el documento, estos grupos instan al Gobierno a "poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal, que afecta de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado" y "permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras y firmando acuerdos para la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de los espacios lingüísticos" para buscar la reciprocidad entre À Punt y TV3. 

También exigen que el personal funcionario conozca la lengua propia del territorio y que la administración del Estado como es el caso de la Cortes Generales, el Tribunal Supremo y el Constitucional, la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social e incluso RTVE funcionen en diferentes lenguas, no sólo en castellano.

Y reclaman la capacitación –requisito lingüístico en en la caso de la Comunitat– a todas aquellas personas que trabajen en la administración del Estado.

Además, piden "garantizar la igualdad lingüística". Para estos grupos, "hasta ahora solo se ha beneficiado el castellano" en ámbitos como la justicia por "su uso generalizado en las páginas oficiales" y exigen para las lenguas de cada comunidad autónoma el "reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano". 

Los diputados defienden que el Estado "parte de una tradición monolingüe en la administración central y debe ser consciente de la discriminación a los que han sido sometidos los hablantes de estas lenguas" y solicitan que se inicien "todas las acciones para que las lenguas propias distintas al castellano gocen del mismo reconocimiento y sus habitantes de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano".

 

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