Sanidad mantiene la movilidad forzosa de los sanitarios tanto territorial como entre funciones
Sindicatos reclaman a Sanidad que cualquier orden que dé una gerencia de departamento de salud y que afecte a las condiciones de trabajo sea trasladada por escrito
La Conselleria de Sanitat ha presentado este martes a los sindicatos en la Mesa Sectorial de la resolución sobre medidas de recursos humanos contra el covid-19. Un borrador que a penas sufre modificaciones respecto al documento anterior que ya fue rechazado por la totalidad de sindicatos, tal y como denuncian los mismos.
Sindicatos como CSIF considera que las modificaciones incluidas en el documento, como garantizar descansos según la directiva europea, resultan insuficientes cuando siguen manteniendo medidas como la movilidad forzosa, tanto entre departamentos como entre funciones, lo que implica, por ejemplo, que un médico con una especialidad tenga que realizar funciones de otra.
Además, desde CSIF han reclamado a Conselleria que cualquier orden que dé una gerencia de departamento de salud y que afecte a las condiciones de trabajo sea trasladada por escrito, algo que la Administración no ha aceptado. “No confiamos en gerentes que aplicaron medidas del todo arbitrarias durante el estado de alarma y que no están dispuestos ni a rendir cuentas de ellas ni a rectificar”, ha insistido el sindicato, para apelar a la imprescindible “seguridad jurídica” de los profesionales.
Por ello, CSIF ha votado en contra hoy de una nueva propuesta de resolución que mantiene medidas como la movilidad forzosa funcional o territorial, y también ha trasladado su malestar ante la negativa de Conselleria a que las instrucciones al personal se den por escrito.
El sindicato ha dejado claro que “no podemos aceptar medidas restrictivas de las condiciones de trabajo como las contenidas en este borrador, que deterioran aún más el estado de los profesionales, que han demostrado su capacidad y entrega tanto en la primera ola de la pandemia como en la actualidad. Esta implicación del personal contrasta con la falta de planificación por parte de Conselleria, con una carencia de información sobre medidas restrictivas para sus derechos adoptadas en los departamentos o con la inseguridad jurídica que sufren en bastantes casos”.
