Servicios Sociales abre el plazo para una consulta pública sobre las Prestaciones Económicas Individualizadas
La delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunto ha abierto el plazo para que tanto la ciudadanía como las asociaciones y organizaciones aporten sugerencias sobre las Prestaciones Económicas Individualizadas (PEIS) en materia de servicios sociales. Lo podrán hacer desde hoy hasta el 9 de agosto enviando sus aportaciones al correo electrónico servicios.sociales@aytosagunto.es. Estas ayudas pretenden mejorar la calidad de vida de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Las personas interesadas en participar podrán opinar sobre todo lo que afecta a estas prestaciones, aunque se han planteado cuatro apartados: problemas que se pretenden solucionar, necesidad y oportunidad de la aprobación, objetivos de la norma y posibles soluciones.
El departamento de Servicios Sociales tiene presupuestados para este años 950.000 € para las PEIS, que repartirá en alrededor de 4.000 ayudas individualizadas. La ley de la Generalitat que recoge el catálogo de prestaciones las divide en una serie de apartados que hacen referencia a la garantía de ingresos básicos, a las necesidades básicas y a paliar situaciones de urgencia social y desprotección, por acogida familiar, para cuidados en el entorno familiar, etc. En concreto, se trata de ayudas para alimentación básica, prótesis dentales, gafas, casos de emergencia social como son los daños en viviendas por fuego o fugas de agua, etc.
Esta consulta viene determinada por la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que antes de modificar una ordenanza y a fin de mejorar la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de la norma, se debe realizar una consulta pública. El Ayuntamiento de Sagunto dispone de una ordenanza municipal que regula estas prestaciones, aprobada definitivamente en enero de 2017, pero tras la aprobación en febrero pasado de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos por parte del Consell de la Generalitat, ahora el Ayuntamiento tiene que modificar su ordenanza para adecuarla a la nueva ley.
