Sagunto se adhiere a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución

Sagunto se posiciona claramente contra la prostitución a través de la aprobación del Pleno de este martes, 26 de marzo, de la moción presentada por la portavoz del Grupo Municipal Esquerra Unida del País Valencià, Mónica Caparrós, por la cual el Ayuntamiento ha acordado adherirse a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. Esta propuesta contó con el apoyo del PP y EU y se abstuvieron Compromís, PSOE, ADN Morvedre, Ciudadanos e Iniciativa Porteña.

El Ayuntamiento diseñará, además, una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género, visibilizará al denominado “cliente” y buscará deslegitimar social y públicamente a los prostituidores, protagonistas, actores responsables y cómplices activos en esta forma de violencia de género.

Asimismo, el Ayuntamiento exigirá al Gobierno Central y a la Comunidad Valenciana que se aplique realmente la ley y se persiga el tráfico de mujeres y personas. Y, en colaboración con la Administración Central y Autonómica, centrará la acción en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta, “exigiendo al Gobierno Central que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses y multa”, según se establece en la propuesta.

Además, proveerá de fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación ayudando a las mujeres que abandonen la prostitución. Y exigirá al gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la familia. “Exigiremos al gobierno que embargue los bienes de la “industria del sexo” e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en la prostitución proporcionando recursos económicos y alternativas reales”, reza el escrito de la moción.

Por último, se instará al Gobierno Central y Autonómico para que establezca normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad.

En el escrito de la moción se explica que la prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y “no una profesión que hay que reglamentar porque es una forma de violencia de género extrema: Lo que las mujeres prostituidas y hombres tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición aceptada de abuso sexual y violación reiterada. ¿El hecho de que se pague una cantidad de dinero puede transformar ese abuso en un “empleo”, al que se le quiere dar el nombre de trabajo sexual?”

Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres.

Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos diciendo que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de este proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una «opción para las pobres».

La postura del movimiento abolicionista, según explica el texto de la propuesta, busca ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos humanos. Derechos que en tanto que esenciales están fuera de discusión: los de toda persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica. “De ahí que el foco debamos dirigirlo a las personas que demandan: la clientela y los prostituidores. Porque sin demanda, la oferta desaparece”.

Precisa el escrito que se pretende seguir el ejemplo de Suecia, donde se penaliza a los “clientes” con penas de cárcel de hasta 6 meses o multa. Pero, en ningún caso, perseguir a las mujeres prostituidas, pues la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños.

“Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales femeninos. Solo así podremos mantener una coherencia entre nuestros discursos de igualdad en la sociedad y en la educación y las prácticas reales que mantenemos y fomentamos”, finaliza el escrito.