El Ayuntamiento de Sagunto instará al Gobierno estatal a poner en marcha una regulación que favorezca las comunidades energéticas locales
Se ha acordado apoyar al Ejecutivo central en la línea de impulsar estas comunidades y pedirle que apruebe una normativa que incorpore al ordenamiento jurídico español las directivas europeas promulgadas en esta materia
El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto aprobó en su sesión ordinaria correspondiente al mes de abril instar al Gobierno de España a que ponga en marcha una regulación que favorezca el despliegue de comunidades energéticas locales.
La propuesta fue presentada por Compromís y defendida por su portavoz, Quico Fernández, y salió adelante con los votos a favor de los partidos del equipo de Gobierno municipal (PSOE, Compromís y Esquerra Unida) y de Iniciativa Porteña y Ciudadanos, así como con la abstención de Partido Popular, Vox y el concejal no adscrito, y sin votos en contra.
En este sentido, el acuerdo que se ha adoptado consiste en apoyar al Gobierno estatal en la línea de impulsar las comunidades energéticas e instarle a aprobar una norma reguladora que incorpore al ordenamiento jurídico español las directivas europeas promulgadas en materia de mercado interno de electricidad relacionadas con el autoconsumo compartido.
Por otra parte, siguiendo esta misma línea, se ha aprobado proponer al Ejecutivo central que esta norma reguladora incorpore determinados aspectos que otorguen un marco jurídico favorable a estas comunidades, empezando por el reconocimiento del derecho a organizar dentro de las comunidades ciudadanas un reparto de la electricidad producida y siguiendo por cuestiones que tienen que ver con la potencia, la extensión y la distancia de uso entre el punto de generación y el de consumo de las instalaciones, el reparto dinámico del autoconsumo, la adhesión y el abandono de estas comunidades, cooperación, compensación justa regulada y la exención temporal, total o parcial, de cargos económicos relacionados con este tipo de producción energética.
La parte argumentativa de la propuesta incide especialmente en «el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o diversos consumidores» así como «a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos». Además, se hace eco de algunas de las regulaciones que ya se están implementando tanto a nivel autonómico como estatal y europeo encaminadas hacia el objetivo de alcanzar para el año 2030 un porcentaje de electricidad producida mediante energías renovables del 74%, para 2040 de entre un 85% y un 95% y del 100% en 2050.
«Las comunidades energéticas son probablemente la herramienta principal para hacer realidad el empoderamiento ciudadano en el sector energético. En la normativa actual existen determinadas circunstancias que limitan el despliegue de las comunidades energéticas locales y reducen su rentabilidad frente a los grandes generadores de energía. Facilitar su masivo despliegue y mejorar su rentabilidad hará que la ciudadanía participe de una forma mucho más activa y se convierta en autoconsumidora de energía renovable, local y en manos de las personas reduciendo significativamente el coste de su factura y descarbonizando sus entornos más próximos», se explica.
Asimismo, se exponen una serie de ventajas asociadas a la existencia de este tipo de comunidades como el acceso justo y fácil para la ciudadanía a recursos de energía renovable y local, el control y la responsabilidad respecto a esta misma cuestión, las oportunidades de inversión que supone tanto para la ciudadanía como para los negocios locales, la integración de las renovables a través de la gestión de la demanda, beneficios ambientales y sociales como la creación de empleo local y el fomento de la cohesión y la equidad, y un significativo ahorro en el coste de electricidad de los hogares y negocios que disminuye su vulnerabilidad. De igual modo, contribuye a acelerar la consecución de los objetivos climáticos.
La exposición de motivos recuerda también que las directivas europeas imponen «un mandato a los Estados miembros consistente en otorgar un marco jurídico favorable a estas entidades», recogiendo y articulando en sus ordenamientos jurídicos «una serie de derechos y beneficios».
