La administración “arrolla” a los agricultores locales para favorecer a la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt
Generalitat y Gobierno central llevan a 800 agricultores a los tribunales para evitar pagarles un precio “justo” por los terrenos que estableció un órgano propio de la administración: “Es kafkiano”
Kafkiano. Así califican los agricultores propietarios de los terrenos de Parc Sagunt II donde se va a instalar la gigafactoría de baterías de Volkswagen la situación que se ha generado con la expropiación de este suelo y que ha acabado en los tribunales al no aceptar la administración pública el justiprecio acordado.
La empresa pública Espais Econòmics Empresarials (EEE) -participada al 50% por la Generalitat Valenciana y al 50% por el Gobierno central- ofreció entre 10 y 15€ por metro cuadrado dependiendo del estado de las parcelas (abandonadas, cultivadas etc) y unos 800 propietarios, la mayoría agricultores locales, pidieron que esa cantidad aumentara. Cabe destacar en este punto que en la última expropiación de Parc Sagunt I para el desdoblamiento de la CV-309 se abonaron entre 30 y 42 euros el metro cuadrado, por lo que los agricultores esperaban ahora una cantidad similar.
Fue entonces cuando se dirigieron al jurado provincial de expropiación, un órgano oficial de la propia Administración que goza de los principios de legalidad, veracidad y acierto para que estableciera este órgano independiente una cantidad justa. El jurado provincial modificó al alza esta cantidad entre los 16 y 26,50 euros el metro cuadrado, algo que satisfizo a los agricultores locales pese a ser una cantidad muy inferior a la expropiaciones similares.
¿Cuál fue la sorpresa de los propietarios? Que el Gobierno central y la Generalitat Valenciana han recurrido este justiprecio y lo lleva a los tribunales al no estar de acuerdo con la cantidad. Hay que resaltar aquí que el total de los terrenos afectados por Parc Sagunt lo conforman unas 2.000 parcelas con mil propietarios, de los cuales solo el 20% ha aceptado la primera propuesta de la administración -recordamos entre 10 y 15€- por tanto se queda al margen de este litigio.
"Por ahorrarse 1.000 euros de diferencia"
De este modo, la empresa pública EEE ha enviado una demanda por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia a unos 800 propietarios para evitar el pago los mil euros aproximados de diferencia que hay entre la cantidad ofrecida en un primer momento y el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación, de modo que, además de retrasar el pago al menos tres años, va a costar más el procedimiento judicial que la cuantía por la que se litiga.
Los agricultores afectados están indignados, tal y como lo manifiestan en declaraciones a elperiodic.com: “La administración va a los tribunales para no pagar 25 millones de euros más mientras no escatima en recursos para llevar a cabo las obras de urbanización en esta misma superficie”. Está previsto que la administración invierta más de 260 millones para labores de desbroce, acondicionado o accesos, así como la compra a 153 euros por metro cuadrado para construir un centro de formación de trabajadores para Volkswagen.
Lo más surrealista, apuntan los propietarios, es que la propia administración ha ofrecido a los expropiados que los defienda la abogacía del Estado si deciden no personarse: “La administración recurre contra la administración (jurado provincial de expropiación) y ofrece a los agricultores un recurso de la administración para defenderlos”.
"¿Dónde queda el diálogo que defiende Puig?"
El president de la Generalitat, Ximo Puig, preguntado por este asunto, ha defendido que el gobierno de la Generalitat “estará siempre a favor del diálogo” y que los recursos de los ciudadanos son “limitados” y por eso “hay que hacerlo bien”. Desde AVA-ASAJA y La UNIÓ dicen que este argumento no se sostiene ya que, por un lado recurrir a la vía judicial es rechazar la vía del diálogo y, por otro, si los recursos son limitados, “por qué demanda a un propietario por una diferencia de 1.000 euros cuando el procurador y el abogado costarán más”.
En concreto, sobre este último punto, según publica la Plataforma de Contratación del Sector Público, dependiente del Ministerio de Hacienda, EEE ha sacado una licitación –cuyo plazo de presentación acaba este miércoles– con un valor estimado de 700.000 euros para contratar los servicios de asesoramiento y defensa letrada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Asimismo, EEE ya ha adjudicado por otros 95.000 euros la contratación de procuradores para esta misma guerra judicial, siendo el adjudicatario el despacho madrileño María del Mar de Villa.
Amenazan con salir a la calle
El presidente de AVA-ASAJA, Cristobal Aguado, ha pedido una reunión con el president de la Generalitat, Ximo Puig, para abordar esta sitaución y encontrar una solución que no deje en el olvido a los agricultores locales: “El máximo representante de los valencianos tiene una excelente oportunidad para demostrar que está a nuestro lado y que desea que la iniciativa empresarial de Volkswagen sea positiva para el conjunto de la sociedad y no se pague a costa del bolsillo de los agricultores”.
En caso contrario, advierten, saldrán a la calle a protestar.
