Un total de 14 municipios acogerán las sedes para asesorar sobre desahucios
La Diputación de Valencia financia con 10.000 euros mensuales servicio jurídico gratuito a los afectados por el impago de hipotecas el próximo año
Carlet, Catarroja, Gandía, Llíria, Massamagrell, Moncada, Ontinyent, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, Torrent y Xàtiva
Un total de 14 municipios de la provincia acogerán las sedes desde las que la Diputación de Valencia y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) prestarán servicio jurídico gratuito a los afectados por el impago de hipotecas a los ciudadanos de toda la provincia.
Carlet, Catarroja, Gandía, Llíria, Massamagrell, Moncada, Ontinyent, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, Torrent y Xàtiva contarán con oficinas habilitadas para la prestación del novedoso servicio, bien en las delegaciones del ICAV, bien en instalaciones cedidas por el ayuntamiento local aI Colegio de Abogados.
La corporación provincial suscribirá para ello un convenio de colaboración con el colegio profesional el próximo mes de enero, por el cual financiará con 10.000 euros mensuales (IVA no incluido) el servicio que presten los letrados designados por el Colegio de Abogados a los ciudadanos que así lo soliciten en este ámbito.
Tras la firma del acuerdo, los municipios se podrán adherir al mismo mediante acuerdo plenario y, a partir de entonces, los vecinos interesados podrán solicitar la prestación del servicio mediante un escrito ante el ayuntamiento de la población donde esté ubicada la vivienda afectada por la situación de desahucio, institución que se encargará de remitir la instancia al Colegio de Abogados para su correspondiente tramitación.
La asistencia al ciudadano objeto del acuerdo incluye el asesoramiento jurídico, la mediación, la intermediación y la negociación sobre préstamos y arrendamientos relativos a la vivienda habitual; las actuaciones reguladas en el Real Decreto-ley 6/2012, del 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; las solicitudes de suspensión de alzamientos previstas en el Real Decreto-ley 27/2012, del 15 de noviembre, para quienes se hallan en “situación de vulnerabilidad” y reúnen las circunstancias económicas de esta norma legal; y cualquier otra actuación con las entidades bancarias en interés de quienes no pueden pagar las cuotas de sus préstamos hipotecarios sobre su vivienda habitual.
El convenio de colaboración entre la Diputación y el Colegio de Abogados tendrá una duración inicial de un año, aunque se prorrogará tácitamente cada tres meses, salvo que alguna de las partes lo suspenda.
