El PSPV reclama que la Diputación de Valencia se implique en la defensa del derecho a una vivienda digna
Bielsa presenta una moción para que se mejore la cooperación con los ayuntamientos en el presupuesto de 2025 y se cumplan las leyes sobre vivienda.
El grupo socialista en la Diputación de Valencia ha registrado una moción para su debate en el pleno de la próxima semana en la que reclama la defensa del derecho a una vivienda digna en los municipios de la provincia de Valencia.
El portavoz, Carlos Fernández Bielsa, asegura que la vivienda es un derecho fundamental recogido en la Constitución y en el Estatut d’Autonomia. Por ello, los socialistas solicitan que la Diputación mejore la cooperación con los ayuntamientos en materia de Vivienda ante la redacción del Presupuesto de 2025, de forma que se dé cumplimiento a los objetivos de la ley de Función Social de la Vivienda.
Además, el PSPV busca el compromiso de la Diputación para que el Consell de Mazón dé cumplimiento al artículo 25 de la Ley de Medidas contra la despoblación y por la equidad territorial en la Comunitat Valenciana, dedicado íntegramente a describir acciones aplicables en el ámbito territorial afectado por la falta de vivienda.
Los socialistas plantean que la Diputación de València inste al Consell a garantizar la calificación permanente de las viviendas protegidas que se construyan sobre suelo de reserva privado y público.
También a asegurar que no se podrán alienar los bienes patrimoniales integrantes de los parques públicos de vivienda, salvo que sea a otras Administraciones públicas, sus entes instrumentales o personas jurídicas sin ánimo de lucro, dedicadas a la gestión de vivienda con fines sociales.
Otra de las propuestas que se plantean es la de garantizar la contribución financiera de la Generalitat mediante partidas presupuestarias de inversión en políticas públicas de vivienda, en una cuantía similar a las destinadas en la Comunitat Valenciana por parte del Estado. También solicita la moción incrementar urgente y progresivamente el parque de alquiler de vivienda social y asequible.
Los socialistas recuerdan que durante los 20 años de gobierno del PP en la Generalitat se eliminó el 60% del parque público social y se pasó de disponer de 37.165 viviendas a solo 15.095 en 2015.
Con la llegada del Botànic, en 2017 se aprobó la Ley para la Función Social de la Vivienda, que reconoce la vivienda como un derecho y no como un bien para especular. Al mismo tiempo se impulsaron mecanismos que permitieron poner a disposición de la ciudadanía más de 4.300 viviendas a través de mecanismos como la dignificación del parque público o la rehabilitación de viviendas.
La compra de 1.300 viviendas a través del tanteo y retracto, así como del concurso de compra o un Plan de alquiler asequible para poner a disposición el 45% de las viviendas de protección oficial que dejaron vacías en edificios fantasma con el PP fueron otras medidas.
Al mismo tiempo, el Gobierno de España abordó la necesidad de contar con un parque de vivienda social que permitirá satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo los más jóvenes, sin que el acceso a la vivienda supusiera destinar más del 30% de la renta disponible del conjunto de la unidad familiar.
Por este motivo se aprobó la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, que tiene como objetivo fundamental poner el suelo público y los recursos públicos al servicio del interés general de acceder a una vivienda digna y asequible.
Bielsa señala que en estos momentos “de necesidad de vivienda de protección pública, tenemos que ser más ambiciosos, por eso apostamos por la protección permanente para las viviendas de promoción pública tanto en suelo público como en privado. No se pueden dar pasos atrás ni boicotear las políticas impulsadas por la legislación existente”, señala el portavoz.
La ley recoge que la Generalitat, elaborará, en colaboración con las entidades locales, una estrategia de vivienda pública en los municipios en riesgo de despoblación. Por tanto, resulta evidente que el papel de la Diputación, entre otras, debe priorizar la materialización del derecho a la vivienda especialmente en los municipios con menos recursos y, singularmente, en aquellos que se encuentran en riesgo de despoblación.
