COEVAL celebra su Junta Directiva en Albaida y da a conocer sus reivindicaciones ante las próximas elecciones

La Confederación Empresarial de la Vall d´Albaida (COEVAL), en coherencia con su política de comarcalización, ha celebrado su Junta Directiva en Albaida,  y ha querido tras la misma dar a conocer sus reivindicaciones ante las próximas elecciones del 23 de julio, tras tratarlas en la citada Junta Directiva, puesto que considera  importante sean tenidas en cuenta para mantener el futuro socioeconómico de  territorios como la Vall d´Albaida.

La Junta Directiva, celebrada en el Ajuntament d´Albaida, fue abierta por su Alcalde, Alejandro Quilis, quien agradeció el hecho de que COEVAL haya elegido Albaida para celebrar una de sus Juntas Directivas, mostrándose dispuesto a trabajar conjuntamente con COEVAL, desde la colaboración público-privada, para ir juntos en aquellos temas de interés común, ya que es necesario sumar para hacerse fuertes en las reivindicaciones. Dichas palabras fueron también ratificadas por David Palaci, Concejal de Promoción Económica, que también asistió a la misma en representación del Ajuntament d´Albaida.

En cuanto a las reivindicaciones que COEVAL considera importante poner de manifiesto ante las elecciones del 23 de julio, se expuso que  pymes y autónomos se están encontrando en su día a día con serias dificultades para hacer frente a la avalancha de obligaciones que se imponen por parte del legislador, además de los complicados retos que tienen que afrontar procedentes de una globalización muy a la medida de las grandes empresas. Con todo ello, para poder competir deben hacer un gran esfuerzo en todos los ámbitos para continuar su actividad y mantener los puestos de trabajo, esfuerzo que necesita de financiación y liquidez en condiciones adecuadas. En este sentido se solicita a la administración pública el anticipo del 50% de la financiación de aquellos proyectos que han obtenido una resolución aprobatoria de subvención o ayuda.

Por otro lado, se solicita la reducción y agilización de las cargas burocráticas en todas las administraciones, acelerando de ese modo muchos trámites y procedimientos que facilitarían proyectos de inversión que actualmente padecen retrasos y paralizaciones insostenibles. Por ello se pide que el silencio administrativo, tras cumplirse los plazos legales previstos para que la correspondiente administración resuelva la solicitud planteada, se considerase de forma general como positivo, dado que el solicitante no puede ser el perjudicado de la falta de diligencia y agilidad administrativa, más incomprensible que nunca con los avances tecnológicos que hoy existen, y que sí son utilizados de forma eficaz por la administración, concretamente en temas de exigencia tributaria a ciudadanos y empresas. Otra medida importante en la misma dirección es la extensión en lo posible de la declaración responsable como mecanismo para impulsar solicitudes a las administraciones.

Igualmente hay una serie de temas importantes para el futuro de empresas y autónomos que se pide a los legisladores electos que sean abordados con agilidad. En concreto se solicita la supresión del importe de minimis, que actualmente exige que en los últimos 3 años no excedan de 200.000 € las ayudas públicas sujetas a minimis según convocatoria. De este modo, se podrían llevar a cabo un mayor número de proyectos de inversión con apoyo público.

También se solicita la modificación de las cuantías de los contratos menores, ya que es una vía importante de trabajo en proyectos de pymes y autónomos en colaboración público-privada, cuestión regulada en la legislación estatal de contratos. Así se solicita concretamente que los de suministros o servicios se eleven hasta 50.000 € (actualmente son hasta 15.000 €) y los de obra hasta 100.000 € (actualmente son hasta 40.000 €), de cara además a que dado que la tramitación administrativa es más sencilla puedan llevarse a cabo más proyectos públicos-privados y con más agilidad.

En referencia también  a los contratos y concursos públicos que llevan a cabo todas las administraciones, especialmente las locales, regulados también por la Ley de Contratos del Estado, se pide que se priorice la proximidad de las empresas a los territorios de la administración licitante, de cara a poder optar con más posibilidades  pymes y autónomos, valorando en los pliegos con más peso  la proximidad, el conocimiento del entorno y la facilidad para prestar con más celeridad los servicios y mantenimientos que se necesiten. Los pliegos actuales ponderan en exceso el precio, y no dan el valor que merecen a las empresas del territorio que, por proximidad, son las que mejor conocen y se pueden adaptar a las necesidades y realidades, también en precios, de su territorio. La consecuencia es que muchos contratos quedan desiertos o que las empresas locales quedan como meras subcontratistas de grandes empresas que, con ofertas de bajas casi temerarias, son las adjudicatarias.