El alcalde de Aielo de Malferit es absuelto de dos denuncias de prevaricación administrativa
El alcalde de Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter, y que es nuevo candidato a la alcaldía por el Partido Popular ha resultado absuelto de las dos denuncias de presunta prevaricación administrativa impulsadas por el concejal y portavoz del grupo socialista, Juan Rafael Espí, ante la Fiscalía de Alzira.
Juan Pinter ha lamentado que el portavoz socialista «no se ha conformado con ir a la justicia ordinaria o administrativa, en muchas ocasiones y durante estas dos últimas legislaturas, sino que también ha acudido a la vía penal que es la más restrictiva pero también la más dura porque se pide cárcel o inhabilitación contra la persona».
Fue en los primeros años de la legislatura 2011-2015 cuando Juan Rafael Espí Mompó presentó sendas denuncias penales contra el alcalde ante la Fiscalía Provincial de Valencia acusándole de haber cometido sendos delitos de prevaricación en dos asuntos municipales.
El primero relativo a un concurso, por promoción interna, para cubrir 2 plazas de personal administrativo para lo que se presentaron tres funcionarios municipales, entre ellos una familiar directa del alcalde, la cual, y esto es importante matizarlo, ya era funcionaria de dicho Ayuntamiento con una antigüedad de casi 30 años.
En este asunto, todo se remonta al año 2008 cuando el Ayuntamiento de Aielo convocó concurso por promoción interna para cubrir dos plazas de administrativo del Consistorio. Como se ha dicho, una de las tres personas que se presentaron y fue admitida por cumplir todos los requisitos legales resultó ser familiar directo del alcalde razón por la cual, éste no debía intervenir de ningún modo en el procedimiento de selección. Así se acordó por el Juzgado competente y así se hizo delegando el alcalde en la concejal del área de personal.
No obstante, y a sabiendas de ello, Juan Rafael Espí decidió presentar una denuncia penal por delito de prevaricación contra el alcalde en la que se pedía que se le condenase por prevaricación a una pena de inhabilitación de entre 9 y 15 años, inhabilitación que hubiera conllevado que no hubiera podido presentarse de nuevo a las elecciones del próximo domingo, además de haber perdido su puesto de trabajo pues es funcionario de carrera de habilitación nacional.
Desde la Alcaldía de Aielo de Malferit desde el primer momento se ha tenido claro que la denuncia presentada por el portavoz socialista lo único que perseguía era «dinamitar el prestigio político de su rival José Luís Juan Pinter trasladando el foro legítimo de debate, que es el Pleno Municipal, a la Sala de un Juzgado de Instrucción».
Archivada sin llegar a juicio
La estrategia del portavoz socialista no acabó con la simple presentación de la denuncia penal ante Fiscalía, sino que fue más allá, ya que se personó en el pleito penal como acusación particular uniendo fuerzas con un policía local que también mantiene litigios contra el alcalde y que intentó también personarse en el pleito como acusación popular, siendo este agente apartado del proceso por la juez.
No obstante, dicha estrategia, y tras varios trámites procedimentales, resultó desestimada por el juez instructor que archivó la causa respecto al alcalde mediante Auto de fecha 12-12-2018 por lo que ni siquiera llegó a juicio.
El segundo de los asuntos en el que el socialista Juan Rafael Espí intentó tumbar a su rival político sirviéndose de la justicia penal se refiere al llamado caso «motocross».
Denunciaba que Pinter, actuando en su condición de alcalde, autorizara verbalmente la cesión temporal de unas parcelas de propiedad municipal –clasificadas como suelo no urbanizable común– a la asociación privada local y sin ánimo de lucro, «Motoclub Xarquin». El objetivo era la celebración de una carrera de motocross correspondiente al Campeonato Territorial de la Comunidad Valenciana de Motocross, que tuvo lugar en dichos terrenos el día 5 de febrero de 2012.
De nuevo, absolución
Al igual que ocurría con el primer caso, el Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia, mediante Sentencia número 96, de fecha 21 de febrero de 2019, dictaminó que no había ni el más atisbo delito de prevaricación en esta cesión temporal de terrenos absolviendo al alcalde.
José Luis Juan explica que «Espí ha intentado utilizar a la justicia y a los juzgados con fines políticos intentado tumbar al rival político al que no pudo ganar en las urnas hasta en tres legislaturas consecutivas».
Lamenta el alcalde que desde el verano de 2012 ha sufrido un «auténtico calvario, sabiéndose perseguido por unos hechos en los que él, no había hecho nada malo, soportando retrasos y dilaciones en los procesos por la inacción de la acusación que solicitaba prórroga tras prorroga y que hacían infinita la instrucción de la causa».
Juan denuncia que Espí ha pagado «fianzas de hasta dos mil euros para que el juez le dejara actuar como acusación y no se archivaran los asuntos, todo ello junto a fuertes acusaciones vertidas en los medios de comunicación». De igual modo, ha destacado que estas acciones penales «han creado en mi persona y en mi familia un estrés emocional grave, y un atentado a mi integridad moral, honor, honradez y respetabilidad que difícilmente se podrá compensar».
Para alcalde todo han sido «acciones premeditadas y con mala fe por parte del señor Espí ya que en el año 2015 en el pleno de la tercera toma de posesión como alcalde ya dijo que era alcalde gracias a la lentitud de la justicia».
Por fortuna «el tiempo pone a cada uno en su sitio», ha señalado el alcalde porque la justicia le ha dado la razón al final en los dos casos. «Si Espí tuviera un mínimo de dignidad, debería retirarse de la política, por decencia y por responsabilidad, así como pedir públicamente perdón y disculparse ante mí, mi familia y ante toda la gente del motoclub».
