El PSPV estudia llevar a los tribunales la decisión de Mazón de recortar hasta 10.000 euros las ayudas a los dependientes en lista de espera
La coportavoz de Política Social en Les Corts, Silvia Gómez, lamenta la “insensibilidad” del PP con las personas dependientes “que necesitan un gobierno que les facilite la vida y no uno que se la complica”
El PSPV-PSOE ha instado al Consell de Mazón a derogar “de manera urgente” la medida aprobada por la Dirección General de Dependencia y Personas Mayores, bajo la dirección de la consellera Susana Camarero, que retira el derecho a recibir el pago de los atrasos de las ayudas a la dependencia a aquellas personas en lista de espera que, como consecuencia del agravamiento de su situación, modifican su solicitud de prestación.
La coportavoz de Política Social del Grupo Socialista en Les Corts, Silvia Gómez, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) reclamando a Camarero que rectifique “inmediatamente” y revoque la citada instrucción. Desde las filas socialistas no se descarta llevar ante los tribunales “una decisión irresponsable y que incluso podría considerarse ilegal, puesto que una instrucción no puede modificar el decreto que regulaba el pago de estas ayudas y que sí reconocía los atrasos”. “La ciudadanía valenciana tiene derecho a conocer cuántas personas se han visto afectadas por este recorte de las ayudas y el perjuicio económico que se les ha causado, además de todos los informes, jurídico, económico o técnicos, que han avalado la decisión”.
La diputada castellonense ha afirmado que “la última decisión tomada por la consellera Camarero supone un grave recorte de derechos de las personas demandantes de las ayudas a la dependencia, que lo que necesitan es un gobierno que les facilite la vida y no uno, como el que tenemos ahora, que se la complica”. Siguiendo el hilo, ha recordado que “con la nueva norma que pretende aplicar el Consell, si la persona dependiente o su familia realiza un cambio en la solicitud porque su situación ha cambiado, pierden de forma inmediata el derecho a recibir las ayudas no percibidas desde el momento de la solicitud inicial”. “De forma absolutamente injusta, se les condena a ponerles el contador a cero”.
Silvia Gómez ha señalado que los cambios en la solicitud de la prestación son muy habituales, ya que, como denunció el sindicato UGT, con una espera media de 314 días hasta la aprobación de las ayudas, a menudo se produce un empeoramiento de la situación de los solicitantes que conlleva la necesidad de mayores cuidados y, en consecuencia, la petición de un servicio o prestación distinto al que se hizo en la solicitud inicial, por ejemplo, el ingreso en una residencia. “Al ponerse el contador a cero, los afectados pueden llegar a perder por los atrasos no reconocidos más de 840 euros al mes en el caso de una prestación vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio o 747 euros mensuales si es un Centro de Día”. Dado que, al ponerse el contador a cero, se pierden como mínimo los seis primeros meses iniciales, el coste económico para los afectados es unos 5.000 euros, que se convierten en más de 10.000 euros si el retraso supera el año.
