Podemos se opone en el congreso a la aplicación del CETA
"Tengo una mala noticia: el gobierno de Mariano Rajoy (no el actual sino el gobierno en funciones) ha incumplido la Constitución, concretamente el artículo 94" que dice que “La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales”. El pasado 14 de octubre, un gobierno en funciones sin previa consulta a este parlamento, aprobó la firma de España al CETA. Con estas palabras ha iniciado su intervención la diputada valenciana Àngela Ballester en el Pleno del Congreso celebrado hoy. Ballester ha sido la encargada de presentar la Proposición no de Ley de oposición al Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA). Y lo ha calificado como "un acuerdo que no solo se ha aprobado mediante un procedimiento antidemocrático sino que implica la definición de nuestro modelo comercial, de nuestras relaciones internacionales y de los derechos que queremos blindar, y no subastar como pretende el gobierno del Partido Popular".
Ballester ha denunciado que "pese al oscurantismo, pese a la jerga de Bruselas y el manto técnico, millones de ciudadanos de la Unión Europea luchan contra este tratado de libre comercio por el tremendo impacto que tendrá sobre todos nosotros". Ha recordado que "más de 3 millones de firmas fueron entregadas a la Comisión Europea el año pasado. En nuestro país, les Corts Valencianes, el Parlamento de Extremadura, el Parlament de Balears, el Parlament de Catalunya, más de 1.000 municipios se han declarado en contra del CETA. Los sindicatos, las organizaciones sociales, ecologistas, agrarias, las pymes, la Asociación de Jueces Europeos, Jueces para la Democracia, todos se han manifestado contra este tratado que ha sido concluido sin participación ni control democrático alguno. También 340 asociaciones se movilizaron de nuevo en octubre para denunciar el apoyo incondicional al CETA del gobierno español, entonces en funciones. Ése Gobierno en funciones es prácticamente el mismo que hoy debe responder por no informar a este Parlamento. Por no informar sobre las negociaciones, de ese tratado que no es solo un acuerdo comercial, sino que toca cuestiones constitucionales. No lo decimos solo nosotros, lo ha dicho también el Tribunal Constitucional alemán. Es muy grave que este acuerdo económico y comercial y todo el proceso que lo rodea pueda ser incompatible con los Tratados Europeos y con nuestra propia Constitución".
La diputada ha instado al Gobierno de Mariano Rajoy a " paliar, porque corregir ya es imposible, los déficit democráticos en la aprobación del CETA con el espíritu de no volver a incurrir en ellos nunca más. Que los tratados internacionales tan importantes sean primero traídos ante la soberanía popular española, con un control previo del Tribunal Constitucional. Que el Gobierno justifique la decisión tomada estando en funciones y que tenga en cuenta las salvaguardas democráticas que todavía estamos a tiempo de activar. Medidas para salvaguardar el mercado agrícola en caso de desequilibrio y, sobre todo, la consulta pública mediante referéndum previo a la ratificación definitiva".
Según ha subrayado Ballester "ahora tenemos que pensar también en el contenido del Tratado, en los impactos que puede tener sobre la economía de España y de Europa y sobre nuestro estado de derecho. Primero, desde la soberanía y la quiebra del principio de igualdad y de justicia. Por otro lado, este acuerdo internacional impacta radicalmente sobre el modelo económico y porque impone temerariamente la liberalización de la contratación pública y de los servicios financieros. El impacto de este tratado será irreversible sobre nuestro medio rural, sobre las pymes, sobre la energía y otros sectores estratégicos y sobre la realidad precarizada de grandes sectores de nuestra población. Las proyecciones dicen que se perderán más de 200.000 puestos de trabajo tanto en la Unión Europea, que se reducirían salarios e ingresos al Estado y que, como resultado, la desigualdad será mayor".
Por último ha recriminado al Gobierno que "no haya comparecido ni un minuto a escuchar la voz y el mandato del Parlamento, de los representantes elegidos por la gente. Frente al clamor en contra de tantas organizaciones, el Gobierno de Rajoy ha hecho mutis por el foro".
