Podemos critica la rebaja en la exigencia en el anteproyecto de ley de responsabilidad social
El síndic del grupo parlamentario Podemos-Podem, Antonio Montiel, ha criticado hoy la rebaja en la exigencia del anteproyecto de ley de responsabilidad social de la conselleria de Transparencia respecto a la contratación con empresas que operan en paraísos fiscales y ha advertido que "sin una voluntad política firme y decidida de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, no habrá regeneración democrática pero sobretodo, no podrá financiarse el rescate de personas, dos objetivos irrenunciables de l'Acord del Botánic".
Montiel, que ha preguntado por esta cuestión al president de la Generalitat, Ximo Puig, en el marco de la sesión de control parlamentaria, ha indicado que Podemos está preocupado "por lo que parece ser una reducción a la baja de los compromisos contraídos" en esta materia, y en este sentido, ha explicado que "la declaración responsable de los licitadores a la que ahora se hace referencia desde la Conselleria está por debajo de las exigencias que recomiendan los expertos internacionales y la misma ciudadanía, harta de soportar recortes en derechos y servicios públicos mientras crecía el fraude y la corrupción en esta comunidad".
El síndic de Podemos ha indicado que "la tibia declaración que la Conselleria quiere incorporar a las ofertas de los licitadores está incluso por debajo de las exigencias que se barajan para el anteproyecto de nueva Ley estatal de Contratos del Sector Público, tanto en fase de licitación como de ejecución".
Montiel ha recordado que "ya son decenas los ayuntamientos de España que están incorporando mecanismos para que las empresas con presencia en paraísos fiscales tengan más difícil beneficiarse de contratos públicos".
El portavoz parlamentario ha insistido en expresar su preocupación por "las noticias en relación con las modificaciones en el anteproyecto de ley de responsabilidad social que parecen rebajar exigencias respecto de los compromisos asumidos por el Consell el año pasado" y ha señalado que las administraciones públicas, a través de sus concursos de contratación, son un cliente muy importante y una decidida voluntad política puede ser decisiva para orientar a las empresas licitadoras a incorporar cambios en esta dirección.
También ha recordado que la sociedad civil hace tiempo que se ha movilizado y existen demandas ciudadanas como la promovida por ONGs, sindicatos y organizaciones sociales bajo la denominación "Campanya per la Justicia Fiscal" y con cuyos portavoces se reunió el president de Les Corts, Eric Morera, y sobre la que Montiel ha lamentado que no se hiciese extensivo al resto de grupos parlamentarios.
Montiel ha añadido que " la capacidad recaudatoria de los estados y una fiscalidad justa es fundamental para financiar los servicios públicos; el fraude fiscal y el desvío de beneficios a territorios conocidos como paraísos fiscales es un desafío a las administraciones públicas y por tanto sería inconcebible que se puedan estar otorgando contratos a empresas que operan de este modo".
Asimismo, ha aludido a "importantes contrataciones concretas de servicios públicos de la Generalitat que se han realizado o están en trámite y en las que ya se podría haber sido más exigente en materia de cláusulas sociales como la subrogación de trabajadores o en materia de prevención del fraude y responsabilidad fiscal" en alusión los servicios de limpieza de centros educativos, oficinas del SERVEF o la licitación de ambulancias.
