Podem reclama al Consell que haga seguimiento de las contrataciones públicas
El grupo parlamentario de Podem reclamará de nuevo al Consell que realice un seguimiento de las contrataciones públicas con la finalidad de hacer más transparentes las condiciones de ejecución de los contratos, profundizando en la calidad de su prestación y en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, económicos sociales, ambientales y éticos que se planteen. Podem incluyó esta demanda en las enmiendas parciales al proyecto de ley para el fomento de la responsabilidad social, que se ha debatido hoy en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat y la mantendrá viva para la sesión plenaria.
Asimismo, volverá a reclamar que el Plan Valenciano de Responsabilidad Social se apruebe en el plazo de seis meses y que se evalúen las políticas de responsabilidad social y su impacto en los objetivos de desarrollo sostenible.
En el debate de hoy, según ha explicado el diputado Pep Almería, «hemos introducido una importante enmienda para garantizar que ningún tipo de empresa u organización pueda acceder, de forma directa, a la consideración de 'socialmente responsable' por el hecho de pertenecer a una u otra corriente de pensamiento económico o social».
Podem había presentado varias enmiendas, de las que se han transaccionado alrededor de una veintena. Almeria ha resaltado que esta formación comparte «el concepto de considerar la Responsabilidad Social como herramienta para la consecución de los objetivos de la Estrategia 2020, establecidos por la Comisión Europea en 2010, que van dirigidos al logro de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, conceptos imprescindibles para conseguir, entre otras cosas, un cambio de modelo económico para nuestro territorio».
Asimismo, ha destacado que comparte la concepción de la Responsabilidad Social como un innovador sistema de gestión, tanto para las empresas como para organizaciones de todo tipo, que se orienta al incremento de la competitividad y el fomento del desarrollo sostenible y la justicia social, tanto en el ámbito público como en el privado así como las cuestiones relacionadas con el rigor en la contratación pública y la aplicación de cláusulas sociales en el marco general de la misma.
