El PSOE del Senado propone eliminar el término ‘disminuido’ de la Constitución
El senador por Castelló y portavoz de Constitucional, Artemi Rallo, sostiene que la palabra ha quedado “desfasada” además de que el cambio garantiza “la dignidad y el respeto” a las personas con discapacidad
El Grupo Socialista del Senado defenderá, en el pleno de la próxima semana, una moción en la que se propone presentar a las Cortes Generales un proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución (en el que se habla de ‘disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos’) que actualice su redacción original adaptándolo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 y ajustando su terminología a la ineludible e imperiosa obligación de garantizar la dignidad, el respeto y la sensibilidad de los que son merecedoras las personas con discapacidad.
El senador por Castelló y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Artemi Rallo, ha subrayado que “es necesario adaptar la Constitución a los tiempos actuales porque el término disminuido físico ha quedado totalmente desfasado” y ha insistido en la necesidad de que “se garantice la dignidad de las personas con discapacidad con respeto y sensibilidad”.
Rallo ha destacado que el debate de la iniciativa coincidirá con la Semana de la Constitución y ha detallado que, precisamente, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad.
El senador por Castelló ha recordado que ya en 2018 la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pidió a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso una propuesta de nueva redacción del citado artículo 49 de la Constitución en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Artemi Rallo ha afirmado que una reforma constitucional de este tipo debería contar con el apoyo unánime de la sociedad y de sus representantes políticos y ha puntualizado que “no se trata de una reforma técnica de la Constitución, sino de una actualización terminológica dirigida a garantizar la dignidad de todas las personas, procurando la sensibilidad y el respeto del que son merecedoras las personas con discapacidad”.
“El consenso social y político en torno a esta reforma constitucional no admite dudas y debería concretarse en un apoyo generalizado de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”, ha concluido.