José Martí pide al Gobierno que los ayuntamientos rurales puedan contratar directamente con las empresas locales

El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, está firmemente convencido de que las diputaciones y los ayuntamientos deben tejer alianzas con otras administraciones para cambiar o derogar lo antes posible las leyes, decretos y reglamentos que dificultan el desarrollo de proyectos empresariales, muchas veces de índole familiar, en el medio rural. Así de tajante lo ha expresado en Albacete, donde junto al diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, asiste al ‘IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico’. Se lo ha transmitido directamente al secretario general de Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Paco Boya.

Las que más preocupan a Martí son la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y la Ley de contratos del sector público, «porque afectan de forma muy negativa al día a día de nuestros pueblos». En su opinión, «resulta antinatura que en pequeñas poblaciones no se pueda contratar de forma directa con los comercios o empresas locales y haya que activar una licitación de la que se acabará beneficiando una empresa de fuera». Son condicionantes que, en su opinión, «van en contra de los pueblos y hacen mucho más complicado el emprendedurismo rural». Según ha expresado, «si se nos obliga a licitarlo todo, en muchos casos las adjudicatarias terminan siendo empresas de fuera y el beneficio económico que implican nuestras actuaciones se va fuera y no repercute en nuestros pueblos».

Santi Pérez

El diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, ha explicado que «de lo que se trata es de crear las condiciones que permitan generar puestos de trabajo en nuestros pueblos, y es razonable que los alcaldes de pequeños pueblos luchemos porque la actividad que somos capaces de generar repercuta en nuestros municipios, que si tenemos que hacer una obra, quienes trabajen sean personas que viven aquí». Añade que «no pueden aplicarse las mismas normas a los ayuntamientos de Madrid o Barcelona que a los de pueblos como Forcall, del que soy alcalde, creo que es algo razonable y que todo el mundo puede apoyar».