Imputado el alcalde de Villamalur por impedir el voto de 46 vecinos al no empadronarlos
El PP considera que este empadronamiento masivo pretendía "adulterar los resultados"
El Juzgado de Instrucción número 5 de Nules ha decidido investigar al alcalde del municipio castellonense de Villamalur por el caso del censo electoral de 2019. Lo ha hecho mediante un auto judicial que supone un nuevo capítulo en la complicada historia política de esta pequeña población de la Sierra de Espadán.
Así, en el procedimiento judicial notificado esta semana figura como imputado el alcalde del pueblo, Juan Bautista Gimeno, al que se investiga la posible comisión de los delitos de prevaricación y contra la ley electoral, unos hechos que podrían acarrear penas de prisión.
Una imputación que se ha producido después de que los afectados presentaran una denuncia ante la Fiscalía. Y es que 46 vecinos del municipio intentaron darse de alta en el censo municipal poco antes de las elecciones municipales para poder ejercer su derecho al voto.
Al parecer, el primer edil podría haber actuado en contra de los informes emitidos por la secretaría-interventora y los servicios jurídicos de la Diputación, atrasando la tramitación de algunos empadronamientos e impidiendo así su voto en las elecciones municipales que se celebraron en 2019 y que le dieron la alcaldía de nuevo al Partido Popular.
Unos meses más tarde, en el mes de noviembre, se produjeron las siguientes elecciones, nacionales, en las que estos 46 vecinos ya se encontraban empadronados y pudieron ejercer el voto, obteniendo el mayor número de votos el partido socialista.
Desde el PP, por su parte, denunciaron que dichos empadronamientos pretendían alterar el resultado de los comicios en este pequeño municipio de solo 92 habitantes, según el censo de 2021. Los populares denunciaron en aquel momento que el PSOE había multiplicado en un 300% los votos entre las elecciones de abril y las de noviembre por lo que consideraban que habían “adulterado el censo”.
“El 10 de noviembre el PSOE logró 35 votos frente a los 9 votantes socialistas que había en realidad el 28 de abril”, denunció el PP. Meses más tarde, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística anuló algunos de los empadronamientos, concretamente 26, al considerar que no vivían en el pueblo más de la mitad del año, requisito indispensable para ser vecino.
Una situación que los populares calificaron de “golpe de estado” al tiempo que acusaron a los socialistas de la cercana Onda de “empadronar de golpe a 46 personas en una localidad con un censo de 58 vecinos”.
