Expertos analizan la situación actual de los consejos de transparencia
La Universitat Jaume I ha celebrado la «Jornada sobre transparencia y buen gobierno» en la que destacados académicos nacionales e internacionales junto a expertos de la Administración y del Gobierno valenciano han analizado aspectos como las perspectivas de los consejos de transparencia, el buen gobierno y la transparencia en el ámbito local.
La inauguración de la jornada ha sido a cargo de la secretaria Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Zulima Pérez, y el secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, José Luis Blasco. La secretaria ha destacado la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia para recuperar la confianza de los ciudadanos y la legitimidad. «La transparencia es también la base para la participación no manipulada, por lo que es fundamental que la ciudadanía tenga toda la información y acceso a las fuentes primarias para participar de forma no mediatizada», ha afirmado.
A continuación se ha celebrado la mesa redonda «Los Consejos de Transparencia. Perspectivas comparadas», moderada por la profesora de la UJI Marta Oller, y que ha contado con la participación de Ricardo García Macho, presidente del Consejo de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana y catedrático de la UJI; Karl-Peter Sommermann, catedrático de la Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer; Javier Barnes, catedrático de la Universidad de Huelva, y Oriol Mir, vicepresidente de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña y catedrático de la Universitat de Barcelona.
García Macho ha destacado la pérdida de legitimidad del sistema político en España que ha propiciado un interés por parte de la ciudadanía de abrir nuevas vías de participación para que sus intereses sean tenidos en cuenta. En este sentido, ha explicado que la capacidad de decidir del ciudadano está vinculada al derecho de acceso a la información, pero éste no está reconocido como un derecho fundamental, aunque sí está relacionado al de la intimidad y los consejos de transparencia están intentando paliar esta desventaja. «La enorme importancia de que el ciudadano sepa y pueda tomar decisiones puede ser un handicap si hay un choque con el derecho a la intimidad. Los límites del derecho al acceso a la información son excesivamente amplios» ha apuntado. Así mismo, ha puesto de relieve la situación crítica y precaria del consejo de transparencia valenciano con una lista de competencias demasiado amplia, falta de recursos y falta de independencia orgánica para ejercer su función de forma adecuada, «una función esencial para que el sistema democrático funcione mejor», ha concluido.
Por su parte, Mir ha hecho una presentación del funcionamiento de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña en los primeros 15 meses de actividad. Según ha explicado, la GAIP se centra en el derecho al acceso a la información porque sigue un modelo de separación de autoridades donde la protección de datos se lleva a cabo desde un organismo diferente, aunque se trabaje estrechamente entre ambas. Además, ha destacado que es un órgano de designación parlamentaria y que tiene plena independencia orgánica y funcional. Así, la GAIP se encarga de gestionar las reclamaciones de la ciudadanía cuando necesita obtener información y no lo consigue y supone una alternativa al recurso administrativo. También ha aportado algunas cifras como por ejemplo las 367 reclamaciones recibidas, con 230 resoluciones, 28 acuerdos de mediación, y 60 inadmisiones.
En su turno, Sommermann ha hecho un repaso de las leyes de transparencia y mecanismos de implementación en Alemania. Según ha explicado el catedrático, en Alemania se parte de dos elementos fundamentales: la importancia de la protección de datos y el principio de publicidad limitada de los expedientes. Partiendo de esta base, ha señalado que en primer lugar se adoptaron leyes de libre acceso a la información como transposición del derecho europeo pero con reticencia y en la actualidad todavía hay regiones que no la tienen, concretamente cuatro de 16. En cuanto a la nueva fase de desarrollo ha destacado que hay una nueva dimensión democrática con un ciudadano participativo que reclama estar informado a través de la apertura y transparencia de las administraciones para comprobar las decisiones. Como mecanismos de implementación ha citado la creación de un comisionado independiente y el control con los tribunales administrativos. Como conclusión ha apuntado que la legislación en Alemania presenta un mapa asimétrico con tres velocidades: sin leyes al respeto, con leyes de información y con leyes de transparencia.
Finalmente, Barnes ha subrayado la importancia de los procesos administrativos en el caso del acceso a la información. Así, ha apuntado cuatro consideraciones: el proceso administrativo y el derecho de acceso tienen una dependencia absoluta porque «este derecho se materializa a través del procedimiento y, por lo tanto, el contenido y los límites de los derecho se evidencian a lo largo del mismo. Si hay obstáculos o plazos largos estamos ahogando el derecho, por lo que regular el procedimiento es regular el derecho». En segundo lugar, ha señalado que este procedimiento no sólo es decisorio sino que implica una actividad material que tiene mucha relevancia y de la cual no se establece nada en la ley. En tercer lugar, ha afirmado que la ley se ha quedado corta en cuanto al derecho de la información sobre organismos privados que participan en la cadena regulatoria, a los que también se les tendría que exigir transparencia. Finalmente, el catedrático también considera importante tener en cuenta la fugacidad de la información y ha planteado la cuestión de si se tendrían que establecer dos procesos diferentes según si la velocidad es determinante y clave en el proceso judicial por la fugacidad y relevancia de los datos.
La jornada ha sido organizada por la Universitat Jaume I y la Consejería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.
