La Diputación muestra su rechazo a que el coste total de la nueva tasa de basura que impone el Gobierno repercuta en la ciudadanía
El Gobierno Provincial presenta una moción en la que se exigirá al Gobierno de España que se replanteen métodos más flexibles de transición y presten ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos
La Diputación muestra su rechazo a que el coste total de la nueva tasa de basura que impone el Gobierno repercuta en la ciudadanía y exigirá una moratoria.
Ese rechazo se traduce en la presentación por parte del Gobierno Provincial de una moción para ser debatida en el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre y que se celebrará el próximo martes 22 de octubre. El texto presentado cuestiona el tributo estatal que debe financiar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, repercutiendo el cien por cien del coste a los vecinos. Los ayuntamientos que no apliquen esta tasa tendrán que hacerlo de forma obligatoria ya que la nueva tasa de basuras es un gravamen que en abril de 2025 se convertirá en una obligación para todos los ayuntamientos.
Por ello, a través de la moción, la institución provincial exigirá al Gobierno de España que se replanteen métodos más flexibles de transición y presten ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, logrando así que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa.
Como ha expresado la presidenta Marta Barrachina, “desde la Diputación defendemos los intereses de la ciudadanía y, en este caso, el problema del nuevo tributo afectará directamente a los vecinos con subidas desproporcionadas”.
La dirigente provincial ha subrayado que “son muchos los ayuntamientos que ya han clamado contra esta nueva tasa que pretende incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía, y que en algunos casos hasta puede cuadruplicar los recibos que actualmente se están pagando”.
En el año 2008 la Unión Europea aprobó la Directiva 2008/98 CE, modificada por la 2018/851 conocida como la “Directiva Marco de Residuos, que estableció unos objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales y que establece varias recomendaciones, entre ellas incentivos económicos para reducir la generación de residuos “y que el actual Gobierno de España ha convertido en una tasa obligatoria, además de crear un nuevo impuesto”.
Así, con la nueva ley, esta tasa pasa de ser de potestativa a obligatoria, “esto quiere decir, que los ayuntamientos, como se ha venido haciendo hasta ahora, ya no van a poder optar a financiar una parte, o bien el servicio de recogida o bien el tratamiento de residuos con recursos generales del presupuesto municipal”, ha indicado el portavoz del Gobierno Provincial, Héctor Folgado. Hasta ahora sólo existía el límite general que establece la ley de Haciendas Locales, según la cual, la tasa se cobra en su conjunto, no podía recaudar más de lo que al ayuntamiento le cuesta prestar el servicio correspondiente, pero si podía recaudar menos, como así lo ha venido haciendo en numerosos ayuntamientos. Por tanto, con la nueva ley, ahora cambia el paradigma, puesto que los vecinos deben pagar íntegramente todo lo que cuesta el servicio y además el impuesto por vertido, sin que los ayuntamientos puedan seguir congelando el impuesto y financiando una parte de todo, con recursos generales municipales para aliviar el pago de impuestos a los ciudadanos siendo en este caso el recibo de la basura. “Esta ley supone un ataque a la autonomía de la administración local, puesto que obliga a incrementar la tasa incluso en ayuntamientos económicamente saneados y con la capacidad financiera suficiente para hacer frente al déficit que genera este servicio”, ha añadido Héctor Folgado.
Por todo, a través de la moción presentada la Diputación Provincial de Castellón va a instar al Gobierno de España a aprobar una moratoria en la aplicación de lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 7/ 2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados en tanto no se establezcan unos criterios claros que sirvan de guía para que todos los ayuntamientos impongan la tasa. Asimismo, exigirá al Gobierno Central a replantear o estudiar métodos más flexibles de transición y de igual manera prestar ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, para que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa.
Asimismo, la Diputación de Castellón mostrará su rechazo a repercutir el 100% del coste de la recogida de residuos en la ciudadanía, e instará al Gobierno de España a que tengan en cuenta las peticiones y el posicionamiento de todas las administraciones locales que también se oponen.
