La Diputación y la Generalitat irán de la mano para financiar infraestructuras sociales en Castellón y acabar con las competencias impropias

Impulsar nuevas infraestructuras sociales en la provincia de Castellón, acabar con las competencias impropias y sentar las bases para una política de colaboración en beneficio de los municipios son tres de los pilares del futuro protocolo que firmarán la Diputación y la Generalitat en enero de 2020. Así lo han dado a conocer hoy el presidente de la institución provincial, José Martí, y la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, tras la reunión celebrada para impulsar la Mesa Técnica de Coordinación y Cooperación Social Generalitat-Diputación de Castellón.

Martí y Oltra han insistido en la necesidad de reforzar la colaboración de ambas administraciones para una optimización de los recursos que se aportan para la atención social por parte de las dos instituciones. Junto a los dos dirigentes, han participado en este encuentro la vicepresidenta de la Diputación, Patricia Puerta; el diputado provincial de Hacienda y Recaudación, Santiago Agustí, así como los secretarios autonómicos de Igualdad y Diversidad, Alberto Ibáñez; Atención Primaria y Servicios Sociales, Elena Ferrando, y Planificación y Organización del Sistema, Xavier Uceda.

José Martí ha destacado la relevancia del encuentro mantenido hoy con Mònica Oltra, “porque es el ejemplo de lo que ya nos comprometimos en la toma de posesión el pasado mes de junio: que la nueva Diputación avanzase en la coordinación con la Generalitat”.  Y esta propuesta se concreta hoy “en un tema fundamental como los servicios sociales”.

Para Martí, la reunión de esta mañana “ha sido muy provechosa porque hemos configurado una comisión técnica que trabajará en el ámbito social de forma decidida, que se incidirá sobre todo en el municipalismo”. Para ello se está trabajando en una declaración de intenciones conjunta que se perfilará las próximas semanas para firmarla en enero de 2020”.

Al margen del protocolo ya hay pasos concretos, como la incorporación a los presupuestos de la Diputación de Castelló de la partida necesaria –cerca de 1,6 millones de euros- para asumir  el año que viene los costes de personal de los equipos sociales base de los ayuntamientos de menos de 6.000 habitantes, aplazándose para 2021 los de localidades de 6.000 a 10.000 habitantes.

Para José Martí, el claro compromiso de las dos instituciones por impulsar un trabajo coordinado es vital “porque los ciudadanos lo que quieren es la mejora de sus servicios y sus derechos de ciudadanía, independientemente de la administración que lo ponga en marcha”.

Trabajo conjunto

Mònica Oltra, por su parte, ha agradecido la colaboración de la Diputación y ha destacado que desde ambas instituciones y junto a los ayuntamientos “apostamos por el trabajo conjunto de las administraciones como una sola, poniendo en el centro a las personas para que la ciudadanía tenga los mismos derechos viva donde viva”. El objetivo, ha señalado, es consolidar un sistema “ordenado, planificado y organizado” que tiene como hoja de ruta la Ley de Servicios Sociales Inclusivos aprobada en febrero de 2019.

Por un lado Oltra se ha referido a la financiación de los equipos base de los servicios sociales municipales a la que ha hecho mención José Martí, destacando en este sentido que “con la cantidad que se libere, y que asciende a 1’6 millones, la Conselleria podrá destinarlo a los municipios medianos, que son “los que más dificultades tienen a la hora de resolución de expedientes de renta valenciana y de dependencia”.

Asimismo, la vicepresidenta se ha referido también a la cooperación en materia de infraestructuras entre gobiernos que “centre a las personas en la acción política y que solucione los problemas de la ciudadanía”, y ha celebrado que ésta sea la premisa que rige la relación entre el Consell y la Diputación de Castellón para “poner orden” en aquellas materias de carácter social en las que comparten competencias.

La vicepresidenta ha abogado a la necesidad de ordenar el sistema en base a “un mapa de necesidades para crear recursos en aquellos municipios donde existe menos oferta para las personas más vulnerables”. Este mapa de necesidades se ha preparado de acuerdo a criterios objetivos y que responden “a una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios sociales, la promoción de la igualdad y el fomento de la inclusión social”.

Centro de Recepción y Acogimiento

Respecto a la competencias de recursos que asume la Diputación y que son propios de la Generalitat la Vicepresidenta, Mònica Oltra ha anunciado que en el primer trimestre del próximo año la Conselleria de Igualdad asumirá la gestión del Centro de Recepción y Acogimiento de Menores de Castellón, que hasta la fecha asume la institución provincial.