La Diputación de Castellón ha incrementado su presupuesto en el actual mandato más de un 30% para luchar contra la despoblación

El presidente de la Diputación, José Martí, ha destacado hoy el esfuerzo inversor realizado por la Diputación progresista de Castellón durante el actual mandato para luchar contra la despoblación, periodo de tiempo en el que se ha incrementado el presupuesto en más de un 30%. Según ha defendido, «las instituciones públicas tienen un arma llamado presupuesto que es el que permite cambiar las cosas, redistribuir la riqueza y beneficiar a quienes más lo necesitan». Bajo estas premisas, «en los últimos tres años se ha realizado un esfuerzo inversor sin precedentes en el que se ha pasado de los 143 millones de euros de 2019 a los 188 de 2023, que con la incorporación de remanentes han superado los 200 millones de euros».

Unas cifras nunca conocidas con anterioridad en la Diputación de Castellón que han beneficiado al conjunto de los municipios de la provincia «aunque nosotros, por razones obvias, hemos puesto el foco en los pequeños pueblos de interior, porque lo que llevamos en nuestro ADN es la articulación de políticas que contribuyan a ofrecer las mismas oportunidades a las ciudadanas y ciudadanos que residen en el ámbito rural y a quienes habitan la costa».

Son manifestaciones realizadas por Martí en el salón de recepciones del Palau de les Aules en el ámbito de las ‘Jornadas sobre políticas públicas en el mundo rural’ organizadas por la Cátedra de Cohesión e Innovación Territorial de la Diputación de Castellón – Universitat Jaume I, con la colaboración de la Cátedra Avant UJI, Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local UJI y ADYPSE,

El presidente ha explicado que su equipo de gobierno hace «lo que corresponde conforme a nuestra condición de ayuntamiento de ayuntamientos, fundamentalmente de pequeños ayuntamientos».

Un modo de proceder «lógico» en una provincia con 135 municipios, en la que apenas 20 tienen más de 5.000 habitantes, 66 cuentan con menos de 500 habitantes y en 45 no se alcanza la cifra de 200 habitantes.

«Es la razón por la que nos hemos esforzado en este tiempo de pandemia y guerra por estar al lado de nuestras alcaldesas y nuestros alcaldes, y por extensión, de nuestras vecinas y vecinos, inyectando recursos económicos y reforzando la atención social». Es algo que se ha hecho «reconociendo la mayoría de edad de los ayuntamientos y apostando por la autonomía municipal para que en cada ayuntamiento se destinen los recursos a aquello que sus corporaciones consideren oportuno».

Martí también ha reivindicado la importancia de la colaboración institucional, tanto con los ayuntamientos como la Generalitat Valenciana. En este sentido, ha hecho referencia a su apuesta por el Fondo de Cooperación, al que la Diputación entre 2022 y 2023 ha aportado 30 millones de euros. Además, según los datos de la Oficina Virtual de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública correspondientes a 2021, último ejercicio cerrado, la Diputación de Castellón transfiere a los municipios de su provincia 80,04 euros por habitante y año frente a los 54,89 euros de la Diputación de Valencia y los 39,64 euros de la Diputación de Alicante.

Martí también ha recordado que a partir de la entrada en vigor de la Ley 2/2019 de Servicios Sociales, la Diputación ha asumido la financiación de los servicios sociales municipales en los municipios de menos de 10.000 habitantes, que «en una provincia como la de Castellón son la abrumadora mayoría».

Una visión en positivo de lo rural

En la sesión también ha intervenido la vicerrectora de Cultura, Lenguas y Sociedad de la UJI, Carmen Lázaro, quien ha incidido en la importancia de unas jornadas que «tienen como objetivo compartir lo que se está haciendo en nuestro medio rural, valorar la oportunidad de las distintas actuaciones y difundir los protocolos que han resultado más eficientes». Además, ha invitado a los participantes a abandonar los planteamientos negativos sobre el mundo rural, para hablar del territorio de las oportunidades.

Se ha referido a «la necesidad urgente y prioritaria de posibilitar a la ciudadanía que vive en el campo las mismas oportunidades, de disfrutar de los derechos sociales, culturales, formativos o sanitarios de los que dispone la ciudadanía que reside en las urbes, porque no solo es una cuestión de justicia, sino también una necesidad estratégica para el desarrollo competitivo de nuestro territorio, para lograr unos niveles de cohesión social con capacidad de impulsar un progreso colectivo sostenible y contundente» ha añadido.