La Diputación del cambio aprobará un Plan Económico y Financiero para superar «la nefasta gestión del PP» y no ser intervenida por Hacienda

La Diputación de Castellón entrará en un Plan Económico y Financiero para los ejercicios 2020 y 2021 por la mala gestión del anterior equipo de gobierno del PP, que ha ocasionado que el ejercicio 2019 se cierre sobrepasando en 8,1 millones de euros el objetivo marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en 15,3 millones de euros los criterios impuestos por la regla del gasto. El Plan exigirá el máximo rigor en la gestión durante estos dos años, de manera que, a pesar de tener 40 millones de remanentes en los bancos, en ningún caso el gasto podrá sobrepasar la cantidad global que figura en los presupuestos de la institución, porque de lo contrario, «la Diputación sería intervenida económicamente en 2022 por el Ministerio de Hacienda, que tendría la potestad de eliminar las partidas presupuestarias que considerase oportuno».

El diputado provincial de Hacienda, Santiago Agustí, ha explicado que el Plan Económico y Financiero es consecuencia de la decisión de los populares de poner en marcha en 2018 un segundo Plan 135 y de dedicar el gasto financiero a la amortización de préstamos. El segundo Plan 135 de 2018 «por una cuestión de plazos no se pudo ejecutar en 2018 y la consecuencia fue que se produjo un incremento muy importante del gasto en el ejercicio de 2019». Por otra parte, el gasto financiero que se destinó a la amortización de préstamos desapareció porque no computaba para la regla de gasto pero terminó incrementando el gasto en inversiones  y gastos corrientes de 2018 y 2019.

En palabras de Agustí, «se ha llegado a esta situación por la mala gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, que incumplió deliberadamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto que activaron los gobiernos Mariano Rajoy y Montoro, y que siguen en vigor».

Llegados a este punto, la Diputación se ha visto abocada a llevar al pleno extraordinario del próximo 12 de marzo una propuesta de Plan Económico y Financiero que posteriormente será remitida a la Oficina de Gestión Presupuestaria de la Generalitat Valenciana para su aprobación definitiva.

Este plan exigirá el máximo rigor en el gasto, que en ningún caso podrá sobrepasar la cantidad global que figura en los presupuestos de la institución porque de lo contrario, en 2022 podría ser intervenida económicamente por el Ministerio de Hacienda.

Para no incurrir en incumplimientos, «tendremos que valorar dentro del primer semestre el estado de las inversiones, algo que no hizo el PP en los ejercicios de 2018 y 2019 por unos motivos políticos que yo me puedo imaginar: que venían las elecciones y quisieron gastar más de la cuenta para tener un buen resultado».

Santiago Agustí pide a los representantes del Partido Popular «que vuelvan a la senda de la responsabilidad, no solo asumiendo su responsabilidad respecto a los ejercicios 2018 y 2019, sino también a las restricciones presupuestarias que tendremos en 2020 y 2021 porque quien ha gestionado la casa en los dos últimos ejercicios no puede estar al margen de la responsabilidad que requiere el momento». En este sentido, ha destacado que los informes de los técnicos ya alertaban a principios de 2019 de que la institución superaría a final de año el límite de gasto permitido».

En una situación como la actual, para el diputado Agustí resulta incomprensible que el Partido Popular propusiera un segundo Plan 135 en el otoño de 2019 «porque hubiera sido un suicidio ya que en 2019 no hubiera dado tiempo a ejecutar nada y hubiéramos dinamitado el presupeusto de 2020».