El PP defiende en Diputación la protección de las víctimas "que la ley del 'solo sí es sí' desampara2
El PP ha registrado en Diputación una iniciativa para alcanzar un acuerdo que reclame del Gobierno de España la revisión por vía de urgencia de una ley “que en lugar de reforzar la protección de las víctimas alivia las penas de los agresores”
El Partido Popular de Castellón ha elevado a la Diputación una iniciativa en defensa de la protección de las víctimas de las agresiones sexuales frente a una ley, la del 'solo sí es sí', que ha aliviado las penas de quienes cometieron estos delitos.
La propuesta pretende actuar de forma urgente e inmediata con una reforma del nuevo marco legal, tal y como ha señalado el portavoz del PPCS en la institución provincial, Salvador Aguilella. "Tendemos la mano a todas las fuerzas políticas para buscar un acuerdo que defienda a víctimas de agresores y no suponga un beneficio para quienes han atentado contra la libertad sexual".
Por ello, el primero de los acuerdos que plantea esta propuesta es precisamente tramitar la reforma urgente de la ley que ha demostrado que permite desde la excarcelación de los condenados hasta la rebaja de las penas. "Este viernes celebramos del 25N y no exigir una reforma de esta ley sería estar ciegos ante la realidad. Es urgente corregir los artículos de esta ley que está ocasionando tanto daño a las víctimas de delitos ya sentenciados", ha afirmado el portavoz del PPCS.
Y mientras se tramita esta reforma por vía de urgencia, "es necesario que se aplique la anterior ley, la que estaba vigente hasta septiembre de 2022" y se exija al Gobierno de Pedro Sánchez la dimisión inmediata de su máxima dirigente, la ministra Irene Montero. "Es evidente que no tiene ninguna autoridad para ocupar un cargo, el de ministra de Igualdad, en el que debe proteger a las víctimas cuando su ley lo que ha hecho es condenarlas doblemente". "Aferrarse al sillón no es la solución y el PSOE debe destituirla en caso de que se niegue".
Por último, "desde el PP queremos lanzar un mensaje claro de apoyo a los jueces, magistrados y la abogacía con motivo de la aplicación de esta ley. Condenamos los ataques llegados desde la izquierda a su función y exigimos el respeto que merecen, porque es lo último que se debe perder contra quienes son los responsables de juzgar a los agresores. Es evidente que la LO 10/2022 de 6 de septiembre lejos de ayudar a las víctimas les ha causado un grave daño. Y la responsabilidad no es de la Judicatura, sino del Ministerio de Igualdad y del Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido Aguilella.
