Blanch defiende la reforma de la Constitución como única vía para lograr un derecho civil “propio, útil y próximo”

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló y diputado autonómico, Ernest Blanch, ha defendido hoy en el pleno les Corts la modificación de la Constitución Española para la recuperación del derecho civil valenciano. Así lo ha manifestado en su intervención en relación a la proposición de ley de modificación de la disposición adicional segunda de la Carta Magna que ha sido aprobada por 63 votos favorables y 28 en contra, y que tiene como objetivo lograr la reintegración efectiva de las competencias legislativas civiles. Al pleno ha asistido el secretario de Libertades, Ciudadanía y Valores Republicanos de la ejecutiva provincial y miembro de la Associació de Juristes Valencians, Federico Arnau.

Blanch ha destacado que “la realidad jurídica de nuestro país la tenemos que construir en base a un hecho objetivo: la diversidad. Hay muchas realidades, nuestra norma fundamental está preparada para recogerlo y nos toca hacerlo posible”. El diputado autonómico por el PSPV-PSOE ha remarcado que “la absoluta uniformidad del derecho civil nunca ha existido en España y decir y desear lo contrario es desconocer la realidad”. 

El dirigente socialista ha hecho hincapié en que el derecho civil “no es nacionalismo, es el reconocimiento de la realidad plural del estado español” y ha añadido que “quince millones de españoles viven bajo un derecho civil diferenciado, y les va bien. No hay ruptura, hay convivencia”.

Es por ello que , “desde el grupo socialista, manifestamos de forma clara que necesitamos normas actuales, que den respuesta a los problemas actuales, con conceptos acordes a la época en que vivimos, y por eso queremos rechazar cualquier regresión legislativa”, ha afirmado.

Blanch destaca que el derecho civil, como rama del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de los particulares, “es el más próximo a la vida cotidiana de las personas y, en consecuencia, necesita ser dictado desde la mayor proximidad a la sociedad a la que va dirigido, lo cual se consigue en nuestro Estado de las autonomías, mediante la intervención de los parlamentos territoriales”.

“El derecho civil emanado de las Corts Valencianes posibilita dar una respuesta ágil, moderna y propia a los problemas actuales de las valencianas y los valencianos, y permite acabar con el trato desigual con relación al resto de territorios, que lo tienen previsto en los respectivos estatutos de autonomía”, añade el diputado autonómico.

Asimismo, el dirigente de los socialistas en las comarcas de Castelló, resalta que “la reforma constitucional en defensa de un derecho civil propio cuenta con el apoyo de la Associació de Juristes Valencians (entidad que tiene entre sus objetivos fundacionales la defensa de la competencia legislativa de la Generalitat Valenciana en materia de derecho civil), sindicatos, universidades, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones culturales y de consumidores, así como 393 ayuntamientos, los cuales representan a 4.500.000 valencianos y valencianas, más del 90 % de la población valenciana, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias”. “Solo con esta reforma conseguiremos tener un derecho civil propio, moderno, útil, próximo y social”, añade Blanch.

La proposición de ley se plantea después de que las leyes de régimen económico matrimonial, de uniones de hecho y las que regulan las relaciones familiares de los hijos y las hijas cuyos progenitores no conviven fueran declaradas inconstitucionales por las sentencias del pleno del Tribunal Constitucional en 2016.

No obstante, Blanch destaca que el derecho civil valenciano “es un derecho vivo, ya que a casi 300.000 valencianas y valencianos les resultan aplicables sus disposiciones. En concreto, 250.000 casados entre el 1 de julio de 2008 y 31 de mayo de 2016 mantienen el régimen económico matrimonial de separación de bienes; a 15.000 parejas se les continúa aplicando la conocida como ley valenciana de custodia compartida; y más de 25.000 valencianos, que conviven como unión de hecho, mantienen efectos civiles”.