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Los alcaldes urgen al PSOE que apoye la propuesta del PP para que el Estado asuma las desaladoras

Los alcaldes urgen al PSOE que apoye la propuesta del PP para que el Estado asuma las desaladoras
  • Wences Alós: “La única solución para los ayuntamientos es que el Gobierno asuma el coste como ha hecho en otras comunidades autónomas”

Los alcaldes del Partido Popular han reclamado al PSOE que apoye la propuesta del PP que se debatirá esta semana en el Senado para que el Gobierno asuma el coste de las desaladoras. Tal y como ha explicado hoy el alcalde de una de las poblaciones afectadas, Wences Alós, “pedimos que el PSOE apoye la propuesta del PP de la misma forma que el PSOE ha apoyado la medida en los diferentes municipios”.

Y es que el Partido Popular ha pedido que sea el Gobierno de España quien asuma el coste de estas infraestructuras ya que los ayuntamientos no tienen capacidad para ello. “Es inasumible que una administración local tenga que asumir el coste de las desaladoras” por lo que desde el Partido Popular se ha pedido que, al igual que en Cataluña, el Gobierno central a través de Aquamed, asuma el coste.

Alós explica que, además, “en caso de futuras conexiones y obras de nuevos ramales, no puede un Ayuntamiento costear el coste y que el resto se beneficien” o, incluso, que dentro de unos años otra localidad se conecte “sin tener en cuenta las amortizaciones que ya ha hecho un ayuntamiento”.

Cabe señalar que el PSOE en los diferentes municipios afectados ha apoyado la propuesta del PP “por lo que pedimos que en el Senado y en el Congreso sigan la misma línea y este jueves, que nuestra moción se debate en el Senado, la acepten”.

Para los alcaldes del PP esta sería la solución a un problema que en caso contrario puede estrangular la economía de los municipios. Alós señala que “queremos que el PSOE haga entender a sus jefes en Madrid de que esta es la solución a un problema que afecta a toda la provincia de Castellón” y ha recordado, además, que los ayuntamientos “firmaron unos convenios iniciales que eran obligatorios para poder aprobar desarrollos urbanísticos” pero ha señalado que “poco tiene que ver la situación actual con las expectativas de entonces”.

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