Así ven los partidos políticos valencianos la regulación de los VTC

Las empresas de transporte Uber y Cabify han declarado la guerra a la Generalitat tras haber aprobado hoy el Consell el decreto que obliga a contratar los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) con al menos 15 minutos de antelación, y que prohíbe la geolocalización y la captación de clientes en la calle. Esta decisión enfrenta una vez más al Consell con el sector del VTC, que amenaza con abandonar Valencia como ya hizo en Barcelona cuando entró en vigor la misma normativa. De hecho, la propia patronal Unauto, de vehículos VTC asegura que demandará al Gobierno valenciano.

Ante esta situación, lejos de temer que Uber y Cabify vivan sus últimos días en Valencia, desde el PSPV indican que el Decreto-ley es el instrumento jurídico adecuado para realizar esta regulación, como así lo avala el informe de la Abogacía, que entiende que hay razones de “extraordinaria y urgencia necesidad para ello”. Es fundamental, destacan fuentes socialistas, “regular un sector clave como es el del transporte interurbano y de las VTC, permitiendo además a que los ayuntamientos, dentro de sus competencias e intereses, regulen estas licencias”. En opinión del PSPV, esta normativa posibilita que convivan el sector del taxi y el de las VTC porque los 15 minutos de precontratación “permiten diferencias entre ambos servicios y la viabilidad de los dos sectores”. Es decir, según estas mismas fuentes, a través de esta regulación se consigue un acuerdo que garantiza “la viabilidad de los dos sectores y beneficia y protege a la ciudadanía”. En este sentido, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha declarado hoy tras la aprobación del decreto que la finalidad del texto es asegurar espacios de convivencia entre las VTC y el sector del taxi" y "evitar situaciones de conflicto que generan perjuicio principalmente al usuario".

Por su parte, Compromís también ha dado luz verde a la nueva normativa. Así lo ha confirmado a este diario la diputada de la coalición nacionalista encargada del taxi y los VTC durante esta legislatura, Belén Bachero. “Desde Compromís consideramos que hacía falta regular el sector”, indica. Y añade: “Hablamos de que el taxi y las VTC atienden a públicos diferentes y se debía dar respuesta a una situación nueva a la que había que buscar un ajuste y regularla”. Esto, continúa Bachero, es lo que se ha hecho “otorgándole un marco jurídico”.

La misma opinión comparte Podemos, que se posicionó al respecto tras la polémica de los VTC en Cataluña. En concreto, fue el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la formación morada, Rafa Mayoral, quien respaldó la regulación catalana y arremetió contra lo que considera la “uberización” de la economía. Este modelo económico consiste según el responsable de Podemos en el incremento cada vez mayor de compañías internacionales “que arrasan los servicios públicos que encuentran a su paso”. En opinión de Mayoral, su ilegalidad reside en que cuentan con sedes en “paraísos fiscales” y tienen una actividad “extractiva basada en la precarización de las condiciones de trabajo”. Por ello, el dirigente se mostró orgulloso de que la normativa haya “posibilitado que se reconozca el servicio público que representa el taxi” y haya “puesto en su sitio” a los VTC.

Ideas totalmente contrarias tienen PP y Ciudadanos respecto a la medida aprobada primero en Cataluña y ahora en la Comunitat Valenciana. Ya tras la aprobación del decreto catalán el PP culpó al Ministerio de Fomento y a su responsable, José Luis Ábalos, de dejar marchar a Uber y Cabify. En este sentido, los populares apuestan por derogar el nuevo decreto sobre los VTC y crear en su lugar un fondo nacional para el taxi, así como prohibir las medidas que puedan obstaculizar la digitalización de la economía. En este sentido también se expresó Ciudadanos tras la polémica catalana de los vehículos con conductor. Fue el propio portavoz de la formación, Fernando Navarro, quien cargó contra el Ejecutivo central por abandonar a los trabajadores de los VTC y definió la decisión de Uber y Cabify de dejar Barcelona como “el mayor ERE de la historia de Catalunya”. De hecho, ambos partidos políticos –PP y Ciudadanos- han evidenciado su compromiso de suprimir el decreto de Ábalos por el cual se pasan las competencias a las comunidades autónomas.