Compromís pide el fin de la "política de aislamiento" de la Diputación de Alicante

Compromís ha pedido hoy el fin de la política de aislamiento de la Diputación de Alicante respecto a las otras instituciones supramunicipales. Los diputados de la coalición han reclamado después de reunirse con la vicepresidenta de la institución valenciana, Maria Josep Amigó, un política similar a la de las comarcas valencianas donde las instituciones han desarrollado planos conjuntos que suman 50 millones y han creado una nueva forma de administración que este año dejará en los pueblos un gasto de 54,6 millones de libre utilización.

La vicepresidenta pedirá a petición del grupo una reunión con el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, para explicar esta nueva forma de administrar el dinero público que ha provocado una descremación de derechos entre las diferentes comarcas en todo el País Valenciano por la negativa de la Diputación alicantina a sumarse a los planes conjuntos.

"Han pasado dos años de legislatura y creemos que se puede trabajar mejor por los pueblos desde la Diputación. Pedimos a César Sánchez abandonar la guerra fría y la política de fronteras provinciales poniendo el centro de atención en la ciudadanía, en el siglo XXI no se puede gestionar sin colaboración entre instituciones, no es lógico que Bocairent u Oliva puedan optar a unas ayudas que se niegan a tan sólo unos metros a Banyeres o Pego", ha considerado el portavoz de la Compromís, Gerard Fullana.

"Nos encontramos una Diputación de Valencia enfrentada al Consell, basada en un modelo clientelista y opaco de concesión de las ayudas públicas, y salpicada de casos gravísimos de corrupción. Hemos trabajado desde el primer momento para pegarle la vuelta a esta situación, desde unas líneas muy claras: colaboración interinstitucional, objetividades y transparencia en las ayudas y pulcritud en el uso de los recursos públicos", ha manifestado Amigó, quien ha detallado también las líneas básicas que la Diputación de Alicante se ha negado a seguir al contrario que las otras dos instituciones provinciales homologas.

Los datos explicados por Amigó han sido las siguientes:

• Xarxa Llibres: 16,2 millones de euros. La Diputación colaboró haciendo frente a una parte del convenio, y también abonando el dinero que correspondería pagar a los municipios el 2015.
• Centros Sociales: 5,6 millones de euros. Después de veinte años sin que se construyera ni un centro social público, la Diputación de Valencia construirá 4 centros sociales para atender enfermos mentales, personas con diversidad funcional intelectual y menores. Los ayuntamientos ponen el solar, la Diputación paga la construcción y la Consejería se encarga del gasto corriente de funcionamiento.
• Pla Municipal de Mantenimiento de Escuelas: 7 millones de euros. Se dota en 44 ayuntamientos de recursos económicos para hacer frente a una competencia que es municipal (el mantenimiento de centros de primaria), por actuaciones de sustitución de puertas y ventanas que revierten en una mejora en la eficiencia energética. Los servicios técnicos de Consejería han elaborado el listado de prioridades en función de las necesidades de conservación del centro, y la Diputación subvencionará las actuaciones.
• Pla de Transportes: 1 millón de euros para el mantenimiento de líneas de transporte no rentables.
• Fondos de Cooperación Municipal: 20,6 millones de euros. Colaboramos con la puesta en marcha del Fondo de Cooperación que impulsa la Generalitat, hecho que permitirá mejorar la financiación municipal.

Compromís a la Diputación de Alicante presentará en los cercanos plenarios mociones para que la institución impulso con el Consell este tipo de convenios como los de los centro sociales y mantenimiento de escuelas

54,6 millones de libre utilización

La nueva forma de gestionar las diputaciones se basa, han señalado Amigó, en aumentar los recursos económicos que llegan a los municipios para dotar de más autonomía en la toma de decisiones a alcaldes y alcaldesas. El nuevo Pla SOM (Servicios y Obras Municipales) está basado, como ya lo estaban los PPOS de 2016, en criterios objetivos para determinar la cuantía que le corresponde en cada pueblo; estos criterios incluyen cuestiones sociales, como la tasa de paro, o medioambientales, como por ejemplo la adhesión al Pacto de las Alcaldías contra el cambio climático. Entre los 34 millones de los PPOS y el 20,6 millones del Fondo de Cooperación, los pueblos valencianos tendrán 54,6 millones para gastarlos en aquello que consideran más preciso y útil para su ciudadanía.