Compromís: "César Sánchez cede ante Castillo y perjudica a los pueblos al sumirlos en su batalla política"
Compromís considera los presupuestos 2017 de la Diputación de Alicante como una oportunidad perdida más en la posibilidad de profundizar en la democratización de un ente administrativo que no encuentra su hueco en el siglo XXI. La negativa del presidente provincial César Sánchez de no participar con el presupuesto ordinario de la institución provincial en el plan de cooperación autonómico o establecer criterios objetivos del Pla Objectiva resta autonomía a los municipios alicantinos y crea desigualdad interprovincial. "Pero lo más grave de todo es que simbolizan la postración de Sánchez ante la línea dura impulsada por su portavoz, Carlos Castillo, una política que ha acabado por arrastrar a los cerca de 140 municipios alicantinos a una guerra partidista irresponsable y que les sume en la incertidumbre económica", ha considerado el portavoz en la institución, Gerard Fullana.
"Es un presupuesto que llega tarde y sin que haya mediado un intento de negociación de parte del PP con el resto de fuerzas. Estos presupuestos son un fracaso democrático, se aprobarán con el voto de un tránsfuga. Se ha impuesto la línea dura: en lugar de la colaboración entre administraciones cuyas funciones en ocasiones se solapan, Sánchez acepta subirse a un ring como le pide Castillo y no a arremangarse y hacer las cosas con seriedad, conforme a lo que realmente necesitan los pueblos. Esta era una buena ocasión para profundizar en la democratización institucional de las subvenciones, su objetivación, pero el gobierno de César Sánchez ha demostrado estar de nuevo más interesado en confrontaciones y batallitas internas que al final suponen perjudicar a los ciudadanos y los pueblos".
La coalición considera que la institución ha sido secuestrada por la línea dura del Partido Popular, representada por Carlos Castillo con el beneplácito o por la dejación del presidente Sánchez. En el nuevo contexto político autonómico y ante la reclamación por parte de la ciudadanía de otro modo de hacer políticos, ambos aparecen como dos peones de una estrategia marcada desde Valencia y que supone un grave peligro para la economía y la autonomía municipal: los pueblos alicantinos tendrán 13 millones de euros menos que los pueblos de la provincia valenciana.
