Compromís per Paiporta presenta un recurso de reposición contra la autorización de los ‘bous al carrer’

El Grupo Municipal Compromís per Paiporta ha presentado este viernes un recurso de reposición contra la decisión unilateral y no pactada de la alcaldesa del PSPV-PSOE, Maribel Albalat, de volver a dar permiso para la realización de ‘bous al carrer’ cuatro años después de que las autorizaciones quedaran en suspenso por la trágica muerte de un joven, en el mes de junio de 2018.

En el recurso, el portavoz del Grupo Municipal Compromís, Pep Val concluye que la resolución de la alcaldesa «es contraria a Derecho, rompe un acuerdo político, vulnera un acuerdo municipal en vigor, es oscura, ambigua, desproporcionada y pose en riesgo la seguridad ciudadana, además de atentar contra actos propios de la alcaldesa sin ningún tipo de motivación».

El objetivo, según ha explicado Val, que ha presentado el recurso por registro de entrada acompañado de las regidoras y regidores del Grupo Municipal Compromís, «es frenar la concesión del permiso, dar una salida legal a la delicada situación en la que se ha colocado la alcaldesa y nos ha situado a todos como equipo de gobierno; de acuerdo con el recurso, se puede frenar la vuelta de la tortura, se puede restablecer y relanzar el acuerdo de gobierno con Compromís y, sobre todo, se puede garantizar la seguridad de las paiportinas y los paiportins, especialmente, de los más jóvenes. Creo que muchas madres y padres dormirían más tranquilos si la alcaldesa atiende a este recurso».

El Ayuntamiento tiene un plazo de 30 días para dar respuesta al escrito, que supone el último paso de la vía administrativa para frenar la vuelta de la tortura animal a las calles de Paiporta.

El recurso pone de manifiesto algunas de las contradicciones y las decisiones de dudosa legalidad en las que ha incurrido la alcaldesa al otorgar el permiso, un «acto de mala fe política» al suponer «una vulneración del acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado por unanimidad que suspendía de forma indefinida» estos supuestos espectáculos desde 2018, Junta de Gobierno Local en la que estaba presente la propia Maribel Albalat. Este acuerdo no ha sido anulado y no se puede entender como derogado de manera tácita.

Además, la autorización concedida a la peña taurina no es ajustada a Derecho por su indefinición y ambigüedad, y supone un cheque en blanco al pecar de arbitrariedad, puesto que no cumple los requisitos legales preceptivos en cuanto al establecimiento de horarios, delimitación del espacio o las características del acontecimiento.

En el aspecto legal, también hay que reseñar que la decisión de Maribel Albalat se ha saltado el procedimiento establecido por ley al no publicarse la revocación de competencias de la Junta de Gobierno Local en el Boletín Oficial del Estado, la Comunidad Autónoma o la Provincia, tal como establece el artículo 9.3 de la Ley 40-2015. El acto va contra el deber de publicidad, genera oscuridad y, por sí solo, es tributario del vicio de nulidad de pleno derecho.
En el aspecto de la normativa del sector, tampoco cumple el procedimiento administrativo establecido por la ley autonómica, y supone una vulneración especialmente grave, puesto que ni siquiera obra en el expediente del Ayuntamiento una declaración responsable del solicitante, es decir, de la peña taurina, lo que traslada todo el riesgo y la responsabilidad al consistorio en caso de accidente.

Recordamos que el aforo previsto es superior a 500 personas y, además, hay una especial situación de riesgo real y concreto. Hay que señalar que, según las memorias publicadas por la Generalitat Valenciana, en el periodo 2016-2021 se han producido 17 muertos y 4.578 heridos por la celebración de ‘bous al carrer’ en el País Valenciano.

Los motivos para recorrer el ‘dectretazo’ de la alcaldesa y revertir este acto administrativo son diversos, y el recurso presentado por Compromís también subraya que va en contra de la doctrina de los actos propios de la alcaldesa, puesto que la propia Maribel Albalat formaba parte de la Junta de Gobierno Local que suspendió la concesión de estos permisos, y no indica ningún motivo para romper aquel acuerdo, ni explica por qué una persona reresentante de todo un municipio, por más que sea la alcaldesa, ha desposeído de manera antidemocrática de competencias a la Junta de Gobierno Local. El artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, indica que hay actos administrativos que tienen que ser obligatoriamente motivados, entre los cuales se encuentra este, porque se ha separado del criterio seguido en actuaciones precedentes.

«Nada ha cambiado desde la adopción de la decisión de la suspensión indefinida, nada que justifique volver atrás y poner en riesgo la salud y la vida de los vecinos y vecinas de Paiporta y de los asistentes a esta actividad. La motivación es garantía contra la arbitrariedad y permite al administrado cuestionar esta actividad conforme le permiten las leyes y el derecho», concluye el recurso.